miércoles, 17 de agosto de 2016

13 de agosto de 2016: Juan volvió. Y volvieron las patotas

Por Rubén Kotler
 
El 13 de agosto de2016, para la memoria de las organizaciones de derechos humanos no será un días más. En la ciudad catamarqueña de Belén, los restos identificados del militante Juan Francisco Carreras, fueron restituidos y su memoria homenajeada en la plaza principal. En Tucumán, horas después del acto en Belén, una patota integrada por 6 individuos realizaba un ataque de amedrentamiento hacia la Dra. Laura Figueroa, quien se encontraba de viaje, justamente, regresando desde Belén, donde participó del acto mencionado.

 Juan y la memoria de los 30000
Juan volvió a Belén después de 40 años. Militante del Frente Anti-imperialista por el Socialismo – FAS – (Organización política vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT), Juan era miembro del cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia y era uno de los responsables del otorgamiento de las becas al comedor. Juan fue secuestrado, detenido y desaparecido el 16 de septiembre de 1976, cuando salía de rendir un examen final en una sede universitaria. La historia del secuestro y desaparición de Juan es conocida por todos.[1] Todos los miembros del cuerpo de delegados de esa facultad se encuentra en calidad de detenidos y desaparecidos. Algunos cuerpos de esa representación estudiantil, fueron recientemente identificados en el Pozo de Vargas, un pozo de aguas en una vieja finca en las afueras de la capital tucumana, usada por los militares de la última dictadura cívico militar, como fosa común. En días pasados los restos de Juan habían sido identificados, luego de 40 años desde su secuestro, y su hermana Felicidad, activa militante en el campo de los DDHH, daba la noticia del acto homenaje que la localidad de Belén, en Catamarca, haría en honor la mencionada identificación. Los restos de juan fueron entonces restituidos a Belén el sábado 13 de agosto en una ceremonia realizada en la plaza principal del pueblo y de la que participaron familiares de Juan, organizaciones de DDHH  y otros organismos, la municipalidad de Belén incluida.

Hablaron entre otros, Carlos Leyva, ex compañero de militancia de Juan y ex detenido también en la última dictadura militar; Laura Figueroa, abogada de la familia de Juan, quien se refirió a la militancia revolucionaria del joven belicho; Virgnia Sosa, presidente de Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC – quien destacó el trabajo realizado por la organización que representa; delegados del propio municipio, quienes mencionaron la trascendencia de la vuelta de los restos de Juan a su Belén natal. Durante el acto se leyeron además adhesiones entre las que se destacaron la de la Asamblea Permanente por los DDHH – APDH – y de la Universidad Nacional de Tucumán, donde Juan estudiaba y militaba.

Casi la totalidad de los discursos coincidieron en destacar las ideas revolucionarias de Juan, en destacar la memoria necesaria y urgente. Algunos discursos incluso, apuntaron sus críticas a las omisiones recientes del presidente de la nación, Mauricio Macri, quien en una entrevista, afirmó desconocer la cantidad de desaparecidos que dejó la última dictadura cívico militar y a la que calificó, por su accionar, de “guerra sucia”, en un claro interés político, por volver 30 años atrás en la interpretación de la represión genocida de los 70.

Quizás la alocución más conmovedora fue la de Felicidad Carreras, hermana de Juan y quien en improvisado discurso agradeció a los organismos de DDHH, a los peritos del Colectivo de Arqueología forense que trabaja en el Pozo de Vargas – el CAMIT –, a Laura Figueroa, su abogada y al conjunto de militantes que la acompañaban ese día. Felicidad, conmovida por la identificación de su hermano, tras larga lucha por dar con sus restos, destacó el compromiso político de su hermano, motivo por el cual fue detenido y desaparecido.

La vuelta de las patotas
Tras la finalización del acto en Belén, la abogada Laura Figueroa regresaba a Tucumán junto a una amiga, a Virginia Sosa, presidente de FADETUC y a quien esto escribe. En el camino por los valles el vehículo sufrió una avería que demoró la llegada a destino. En el trayecto y habiendo sido auxiliados, una llamada nos dejaría a todos perplejos: una patota había ingresado al domicilio de Laura y tras forzar la puerta de entrada y ya en el interior de la propiedad, le revolvieron todo en una clara actitud de amedrentamiento.

Es la tercera vez que Laura sufre un atentado en su domicilio. Las otras dos veces fueron durante los años del gobierno autoproclamado de los DDHH, en la era de los Kirchner. Es decir que las patotas y parte del aparato represivo del Estado no fueron eliminados ni aún durante el gobierno que se jactó de revisar el pasado dictatorial, mucho menos ahora que gobierna un presidente que desprecia todo lo vinculado con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Resta saber si algunas de las hipótesis que uno a priori plantea son ciertas o no y en qué medida se vincula este acto de terrorismo con la visita de Laura el jueves último pasado, al juicio por Operativo Independencia que se lleva a cabo en la provincia, acompañando a un familiar de una víctima del Operativo. Resta comprobar si el incidente con el vehículo no fue un mero accidente y por el contrario se trató de un sabotaje, si el vehículo de la Gendarmería que acompañó al auto de Laura a la salida de Belén no fue mera casualidad o si por el contrario se trató de un acto de inteligencia y una cantidad de otros factores que hacen de la acción patoteril, una amenaza abierta a la totalidad de los luchadores sociales en el campo de los DDHH. Los anteriores episodios no solo nunca fueron resueltos sino que tanto el Estado Nacional como el Provincial, no consiguieron frenar este tipo de acciones que son un claro indicativo de la vigencia, lamentablemente, del aparato represivo estatal y para-estatal.

En primera persona
Todo esto que narro me tocó vivirlo en persona. En Belén acompañé a Felicidad en el emotivo acto en honor a Juan. Era un compromiso personal hacia una causa que hice propia desde mis investigaciones.
La historia de Juan sintetiza a mi modo de ver, muchas de las historias que en los años 70 tiñieron de gris el cielo argentino. La historia de su militancia y de la que poco a poco voy descubriendo nuevos aspectos, la tenebrosa historia de su secuestro y posterior desaparición y la historia, no menos tenebrosa de su identificación, junto a otros militantes desaparecidos, en el Pozo de Vargas.

Al regreso de Belén, el auto de Laura, en el que viajábamos sufrió un desperfecto y luego de varias horas de espera fuimos auxiliados y llevados a destino. Al enterarnos del ingreso del grupo comando en casa de Laura, nos encontrábamos en pleno viaje de descenso por los valles. Al llegar a destino, casi a la medianoche, vimos el salvaje atropello de la patota en los rastros dejados en el domicilio: puertas rotas, pertenencias revueltas y cajones que fueron revisados. Mi sensación, en ese momento fue que la historia del último golpe cívico militar no es historia pasada sino historia presente. Que el actual presidente de la nación, Mauricio Macri desconozca esa historia por saberse parte de la misma, siendo que su familia fue beneficiada de las mieles del sistema económico de entonces y del que siguió, debe hacernos pensar que durante la década ganada, la narrativa, incompleta y vacía, no sirvió para que parte de la sociedad entienda qué significaron los años del genocidio y el daño hecho desde todos los planos de la vida social, ocasionado a generaciones presentes y futuras. Si bien es cierto que Macri con sus declaraciones hace un guiño a las patotas que responden a los genocidas, no es menos cierto que el nombramiento de Milani al frente del ejército durante el mandato de la ex presidente Cristina F. Vda. De Kirchner, la infiltración a organizaciones sociales por medio del proyecto X y la sanción de la ley antiterrorista, también lo fue.

Miramos al futuro porque miramos al pasado
Es imposible construir un mundo distinto sin mirar al pasado reciente, sin comprender que las carencias del sistema hacia al conjunto social, tienen un claro anclaje en políticas económicas, sociales y culturales de un Estado que se construyó sobre la base de la exclusión, el reparto inequitativo de las riquezas, la pobreza estructural, etc etc. Dicho modelo fue impuesto por medio de la fuerza bruta que tuvo su máxima expresión en el esquema represivo instaurado desde el Operativo Independencia, en febrero de 1975 hasta bien entrada la transición institucionalizada a la salida del último gobierno cívico militar. En este sentido es imperativo asociar la digna lucha de las organizaciones de DDHH, de los abogados que como Laura, se involucraron en la defensa de las víctimas de la represión dictatorial y sus familiares con las posteriores consecuencias del modelo enunciado.

La identificación de Juan y la restitución de sus restos en Belén, es parte del mismo proceso que implicó también, la usurpación patoteril de la casa de Laura Figueroa. En este sentido pasado y presente se entroncan y se entremezclan en los principios de esperanza de los familiares de los represaliados por conocer, 40 años después, el destino de los desaparecidos, con un Estado que sigue imponiendo como, también hace 40 años, un modelo económico y social basado en la exclusión, como es el capitalismo. Para que ese modelo no sea modificado en su esquema de otorgamiento de recursos a los poderosos, es necesario acallar las voces críticas y por ello es necesario profundizar el sistema represivo, de baja intensidad, claramente, pero tendiente por un lado a la criminalización de la protesta social y por otro a la legitimación de la represión. Hay rupturas y continuidades del pasado con respecto al presente. No es mi intención hacer aquí un raconto de la historia del país de los últimos 50 años, pero si volver a sugerir la necesaria y urgente revisión de conceptos, ideas y datos referidos a esa historia.

No quiero cerrar este artículo sin expresar públicamente mi repudio a los ataqueas a Laura Figueroa como así también mi solidaridad con ella y con todos aquellos que vienen sufriendo en distinto grado, los ataques de patotas organizadas. No quiero tampoco cerrarlo sin mencionar que Julio López lleva 10 años desaparecido, producto del mismo esquema represivo de los 70 y que hoy, con más fuerzas que nunca, debemos exigirle al Estado Nacional su aparición con vida y juicio y castigo a los responsables de su desaparición. Y no quiero cerrarlo sin expresar mi satisfacción por el trabajo realizado por los arqueólogos forenses a quienes les debemos, entre otras cosas, la posibilidad de la identificación de Juan y de tantísimos otros militantes que estaban desaparecidos. Sería bueno que el presidente de la nación se notificara de estas tres cuestiones y comenzara a cambiar su visión respecto a “desconocimientos históricos”. Será la única manera de comenzar a pensar en la posibilidad cierta de construir un futuro un poco menos desigual que el actual presente que nos toca vivir. Cualquier otra consigna será simplemente una profundización de la exclusión por parte de las clases dominantes.

sábado, 30 de julio de 2016

GENOCIDA CON RAZÓN HUMANITARIA Domiciliaria a Etchecolatz

El pasado 22 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dos de las causas en donde fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, este tipo de fallos sólo generan mayor impunidad a la vista de los sobrevivientes, familiares, organismos de Derechos Humanos y todos los que luchamos tantos años por cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas.

En su fallo, con votos favorables de los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli y disidencia de Roberto Lemos Arias, el TOF 1 decidió hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz efectuadas por la defensa oficial en las causas “La Cacha” (91003389/2012) y “Favero/Alvarez” (91133453/2013). La decisión, de concretarse, incluye la supervisión quincenal y presencial del beneficio de parte del Patronato de Liberados, más un sistema de vigilancia electrónica y con pedido al gobierno nacional de medidas necesarias para preservar la integridad física del represor y de terceros.
Para que no queden dudas de quién estamos hablando, se trata del ex Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el mandato de Ramón Camps, coordinador de las patotas de los más de 30 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en dictadura en el conurbano bonaerense, hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores.
La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando al artículo 32 inciso a) de la ley 24.660, que habilita el beneficio “al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.
Desde comienzo de año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias pero en la cárcel. El único hecho nuevo fue una supuesta pérdida repentina y pasajera del conocimiento en el traslado de Ezeiza al CMF de la Corte en CABA, donde se lo derivó a la guardia del Hospital Ramos Mejía, y cuyo parte determino “buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución” aún padeciendo “patologías crónicas compensadas y tratadas adecuadamente”. A mayor abundancia, el informe del CMF de la Corte determinó en abril pasado que el caso no encuadra en lo previsto en la ley para habilitar la domiciliaria y que “puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla alojado”.
En mayo un nuevo informe del órgano médico penitenciario detalló nuevos episodios de descompensación y apuntó “el elevado riesgo que presente dichos episodios agudos y muerte súbita”. Ante esto el TOF 1 citó a declarar a los médicos del HPC, doctores José Francos y Nelsy Medina, quienes afirmaron que si bien podían darle una adecuada atención desde el punto de vista médico, sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica humanitaria, la salud integral de un paciente con las características del caso, involucra la necesidad de un adecuado soporte social”, no sin afirmar que tiene la inestabilidad típica de la edad y “puede tener una descompensación tanto en una dependencia del Servicio Penitenciario como en su casa”. Ante esto, el CMF volvió a opinar que “el detenido se halla asistido de manera adecuada en su lugar de alojamiento actual”. Lo mismo hizo la fiscalía, y agregó que “un mayor ámbito de libertad podría importar serios riesgos procesales, tomando como parámetro el modo de comisión de los hechos y el rol central que cupo a Etchecolatz en los mismos”. Despejando que la justificación del pedido de domiciliaria fuera de orden médico, se instala así la discusión sobre el carácter humanitario de la detención. De allí solo restó el informe ambiental del reo realizado por el SPF, que indicó que su mujer Graciela Carballo lo visita en Ezeiza y que tienen contratada una prepaga que podría llevarlo en 15 minutos en una unidad de terapia intensiva desde su chalet del Bosque Peralta Ramos en Mar Del Plata al hospital más cercano.

Más allá de tediosas disquisiciones jurídicas, que no son nuestra tarea, como organización de Derechos Humanos venimos advirtiendo sobre el retardo que vienen sufriendo los juicios por delitos de lesa humanidad, y que producto de ese retardo impera lo que denominamos “impunidad biológica”: la muerte impune de casi 400 connotados represores en todo el país.
Además hemos criticado varias decisiones de beneficiar a los genocidas con domiciliarias por entender no sólo que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión de la domiciliaria, sino que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de beneficios mitigantes de la pena. En 2008 el Congreso tuvo oportunidad de debatir la cuestión con un proyecto del diputado Vargas Aignasse y no lo hizo.
Entendemos también que el Estado debe ofrecer todas las garantías de atención médica a represores procesados con prisión preventiva o condenados por este tipo de delitos. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos que superpueblan las cárceles provinciales y federales, y que se cansan de superar el límite legal para quien no tiene acusación o condena firme.
En particular sobre Etchecolatz, no podemos dejar de señalar que atravesó los distintos juicios que le tocaron con una conducta coherente: amenazó al tribunal, desacreditó a los testigos, provocó a los familiares de las víctimas y defendió el genocidio y a las instituciones que lo perpetraron. No hace falta recordar que esta señalado como virtual responsable de la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez, de la que se cumplirán próximamente 10 años de derrotero de impunidad y complicidad.
Precisamente en el juicio de 2006, donde Lopez señaló a Etchecolatz como responsable de su secuestro y torturas y de una matanza de prisioneros indefensos en uno de los CCD de Arana, el abogado querellante Alejo Ramos Padilla logró que se le retirara el beneficio de la domiciliaria con que había llegado al juicio porque tenía un arma de fuego en su casa. En la misma casa donde ahora pretende volver. El TOF1 de entonces, integrado por el trio Rozansky-Lorenzo-Insaurralde le quitó el beneficio y lo consideró como “peligroso para sí y para terceros”. En aquella oportunidad, hace 10 años, su abogado defensor Luis Boffi Carri Pérez había pedido que conservara el arresto domiciliario porque “sufre una enfermedad terminal”. El TOF1 de hoy no tuvo en cuenta este antecedente.
Pero además, el represor se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. El incidente resulta nada frente a lo que hemos denominado el “efecto Etchecolatz”: la campaña de amenazas e intimidaciones contra el presidente del TOF1 y sus colaboradores con, según el propio magistrado, “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. La consecuencia de esa campaña fue que Rozansky se excusara de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Primera pulseada que ganó el comisario, que termina por elegir indirectamente quién lo juzga y quién no. El “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio por la causa Favero, el represor está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas a los Pozos de Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata. Sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, comienza a desdibujarse en el rol de nuevos magistrados como Castelli y Michelli, más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas y más preocupados por la razón humanitaria de las penas en delitos graves que por la responsabilidad del propio Estado de mantener a estos gerontes genocidas atendidos pero presos.
Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de Mar Del Plata.

Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
BASTA DE BENEFICIOS PARA LOS ASESINOS DE NUESTRO PUEBLO.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

HIJOS La Plata

domingo, 12 de junio de 2016

Organismos de derechos humanos rechazaron el decreto 721 en Plaza de Mayo

Por La Retaguardia 

10 de Junio de 2016 | A partir de la sanción del decreto que reduce casi en su totalidad el control civil sobre las Fuerzas Armadas, se realizó en Plaza de Mayo una manifestación pública en el marco de la ronda de Madres del último jueves. Cerca de las 16.30, cuando comenzaba el acto, la policía valló las calles que rodean la Plaza (Yrigoyen y Rivadavia) por la llegada de una mayor cantidad de gente. La Retaguardia estuvo allí, a través de Paulo Giacobbe, para registrar los testimonios más importantes de la jornada, que fueron reproducidos en Oral y Público.

Foto: Mirta Baravalle en la ronda del último jueves (Edu Nachman)

Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

"Hace 20 años que venimos reclamando justicia y verdad y nos sobrecoge esta ley que pone otra vez sobre el ciudadano a las Fuerzas Armadas. Es hipócrita. Si pensábamos que teníamos una situación de alguna manera cubierta con respecto al enemigo, hoy los que han sido los causantes de 30.000 personas desaparecidas en el país están ahora afianzándose de una manera insoslayable", denunció . Para Baravalle, es el momento de converger la fuerza y explotar "las posibilidades a nuestro alcance de denuncia, de hacer llegar quiénes tienen la responsabilidad absoluta de cuidar de sus ciudadanos. En ese caso es el gobierno actual, el gobierno macrista. Tenemos que ver las posibilidades que hay para el futuro del país".

Carlos Sueco Lordkipanidse, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

"Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) hoy hicimos una convocatoria en función de una serie de situaciones que se vienen dando. Esta pretendida ley apunta, en definitiva, a la impunidad. Toda esta movida de reconciliación apunta a la impunidad. Durante 20 años luchamos contra leyes de impunidad. Este es un nuevo intento, y si tienen un poco de memoria y saben de las luchas que se llevaron adelante durante tanto tiempo, no creo que tengan esperanzas reales de que esto prospere", expresó. Lordkipanidse explicó luego que no fue el decreto el único motivo de la concentración: "También repudiar lo que está sucediendo en el municipio de Morón acerca de jurar la bandera en la Base Aérea que fue un centro clandestino de detención. También repudiar el intento de aplicación del protocolo de Bullrich que no hace más que reafirmar una continuidad en el mismo sentido que lo que proponía el gobierno anterior con la ley antiterrorista. 

Lo que tenemos es una continuidad y profundización que nos lleva por un lado, como marcaba Mirta, a un comandante en jefe del Ejército represor y una ley que pretende devolver a los militares su autonomía respecto de su propia actividad", explicó. El militante planteó entonces una serie de causas y consecuencias en los fenómenos represivos de los últimos años: "Tenemos el protocolo como continuidad de la antiterrorista. Este intento de autonomía de las Fuerzas Armadas como continuidad del nombramiento de Milani. Tenemos la Base Aérea de Morón y el pretendido acto de jura de la bandera allí como continuidad de los asaditos en la ESMA o cuando se recibió a la Fragata Libertad en el ex centro clandestino de detención de la Base Naval de Mar del Plata. Aclaramos y reafirmamos que este pueblo tiene memoria y no se olvida y de que estas cosas no van a pasar así nomás, esta presencia acá lo demuestra", aseguró en el cierre de la intervención.

Enrique Cachito Fukman, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

"Repudiamos este decreto de Mauricio Macri que le saca el control civil a las Fuerzas Armadas. No porque ese control civil haya servido para mucho porque todos sabemos bien claro que los diferentes gobiernos constitucionales el único control que hacían era cuando el pueblo ponía el ojo sobre algún nombre. Fijémonos que control hubo, que hasta César Milani llegó a ser jefe del Ejército. La importancia que tiene este decreto es que está diciendo a las Fuerzas Armadas: 'Prepárense que ya hemos vuelto'", denunció el militante y agregó que eso implica enfrentar "al enemigo que siempre han tenido, que es el propio pueblo. Para este gobierno, para estas Fuerzas Armadas y de Seguridad el enemigo es el pueblo. Por eso, también, este decreto habilita a que las Fuerzas Armadas tomen nuevamente como docentes a aquellos que fueron separados. Quiere decir que los genocidas exonerados pueden volver a ser docentes de las nuevas camadas de militares. 

Es tremendamente importante que mantengamos la unidad y sigamos denunciando estos decretos porque el objetivo que tienen es comenzar a preparar a las Fuerzas Armadas supere ante este ajuste, ante los tarifazos, ante los despidos, supere a las Fuerzas de Seguridad", aseveró Fukman. Para el ex detenido desaparecido, basta esperar el estallido para comprobarlo: "Ahí van a utilizar a las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos que estar todos unidos repudiando estas medidas y apoyando a cada uno de los conflictos que se den a lo ancho y largo del país y denunciando cada vez que un compañero o compañera es imputada, arrestada, reprimida. Tenemos que estar todos juntos en la calle, como hemos estado en todos estos días acompañando a los compañeros de Jujuy, de Tierra del Fuego, denunciando lo sucedido en Mendoza, en Santiago del Estero", se solidarizó con otros lugares del país. "Tenemos que redoblar el esfuerzo para que de una vez por todas se terminen en nuestro país estos gobiernos represores que gestionan para los ricos quitándole las riquezas que genera a todo el pueblo. Este decreto viene justamente para recortar y por eso en la calle va a estar el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia unido y apoyando a los que luchan. Hasta la victoria siempre, compañeros", cerró emocionado.

Gloria Pagés, hermana de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)

"Estamos acá junto a las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora haciendo un repudio al decreto que sacó Macri que le restituye poderes a las Fuerzas Armadas. Esos poderes les permiten elegir todo excepto los mandos superiores. Una cosa grave es que pueden volver oficiales o suboficiales retirados, no sólo a las Fuerzas sino como docentes. Eso nos preocupa mucho porque es una manera indirecta de que vuelvan a ejercer ese tipo de tareas genocidas que, como la gran mayoría, está impune. No sólo eso, tampoco queremos hacer un fetiche de lo que sería el control civil, si bien esto es un gran retroceso y habilita que las Fuerzas Armadas se empiecen a autogobernar y, en perspectiva, a tener cada vez más poder", aseguró Pagés explicando la posible aplicación práctica del decreto. "No es casual que sea ahora cuando empieza a haber luchas grandes contra el paquete de medidas y el ajuste que impone el gobierno. Antes, con el control civil y todo, las Fuerzas Armadas contaban con, sólo en el Ejército, 3000 miembros que venían de la dictadura, otro tanto en la Marina y otro tanto en la Fuerza Aérea", aportó. 

La militante identificó a la continuidad con la dictadura como un enorme problema dentro de las Fuerzas Armadas "que ningún gobierno logró liquidar. Por eso nosotros exigimos que se abran los archivos, que se sienten en el banquillo de los acusados todos los genocidas y sus cómplices como única manera de terminar con la impunidad. En el caso de los generales sí hay control civil porque son los mandos superiores, pero lo que viene abajo no lo sabemos. No pasaría por el Congreso ni por un mínimo recaudo que podría ser el ministerio de Defensa", informó. Para Pagés, las Fuerzas Armadas se encuentran en condiciones ahora de coordinar "todo lo que implica el movimiento de tropas que, por ejemplo, en la zona norte del país pueden definir una determinada línea política completamente autónoma. Se autojuzgarían, se autotrasladarían según a qué zonas pueden considerar ellos más 'calientes', es una forma de autogobierno, autopremio también frente a algunas actitudes que nunca nos vamos a enterar salvo cuando empiece a haber un poco más de intervención que es, en perspectiva, lo que quieren hacer. No sólo es una política de reconciliación sino de volverlas a meter en acciones de represión", analizó.

www.laretaguardia.com.ar/2016/06/organismos-de-ddhh-rechazaron-el.html

jueves, 2 de junio de 2016

En Piriápolis: Plenaria Memoria y Justicia realizará escrache al represor Ernesto Ramas

Escrache al coronel Ramas en Piriápolis. Plenaria Memoria y Justicia informó que este sábado 4 de junio realizará un escrache al coronel represor Ernesto Ramas que, en arresto domiciliario, reside en Piriápolis.

La caravana de ómnibus y automóviles partirá del obelisco de Montevideo para llegar sobre las 14:00 al balneario. Se concentrarán en Rambla y Av. Piria para dirigirse posteriormente al domicilio de Ramas, ubicado en calle Talcahuano entre Urquiza y Sarmiento, chalet Rosemar, donde se concretará el escrache.

Nació en el año 1936 
C.I. 707.695-5 
Entró al Ejército el 1 de marzo de 1955 y comenzó a prestar su servicio en la Infantería.

En 1962, se matriculó en la Escuela de las Américas. 
En  1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas). 
En 1964 fue ascendido a capitán y posteriormente fue
al Servicio de Material y Armamento hasta 1972. 
Fue reconocido en secciones de tortura  en 1972 en el Cuartel de Infantería de Colonia.

En 1972 se trasladó al Batallón de Infantería Nº 1. 

Desde 1975, actuó como comandante en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en el “300 Carlos” y, más tarde, en las operaciones de la cárcel de La Tablada. Poco después, sirvió en el Comando General del Ejército. Sus alias fueron: Tordillo, Oscar 1, "El Gallego", "Puñales" (Dagger) Reconocido en Orletti Argentina.

Estuvo en el Cuartel de Trinidad Flores 1977

Fue arrestado el 8 de mayo de 2006 El 8 de mayo de 2006, la jueza Aida Vera Barreto ordenó la detención preventiva de Ernesto Ramas Pereira, junto a la de Jose Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentin Vázquez Bisio y Ricardo José Medina Blanco, basándose en una solicitud de extradición procedente del juez argentino Daniel Rafecas, quien indaga el caso de  María Claudia García Irureta Goyena. Traída a la Base Valparaíso. 

Condenado el 26 de marzo de 2009 a 25 años de cárcel. Cometió crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas. Privación de la libertad
Tiene  solicitud de extradición a Argentina desde mayo de 2006.
  
En 2011 se condena  por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Estado uruguayo,  a esclarecer lo ocurrido. La Corte también declaró el Estado uruguayo responsable de la desaparición de María Claudia, y ordenó indemnizar a los demandantes con la suma de US$ 513.000. Según el organismo, la ley de Caducidad "carece de efectos", y el Estado Uruguayo "incumplió su obligación de adecuar su derecho a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas". 

Pero Ramas no está procesado por desaparición forzada. El juez rechazo la calificación de desaparición forzada. Gavazzo, Arab y Vázquez están igualmente procesados en este caso. 

El 27 de octubre de 2011, fue procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García y por sustracción de menor y supresión de estado civil en el caso de Macarena. En 2012 Mujica “reconoce” la responsabilidad del Estado. 

Operó como terrorista de Estado. Vinculado a Junta Militar en Argentina, bajo el terrorismo de Estado del Goyo. Sostenía que estaba en cruzadas santas contra el  “pensamientos subversivo”, se define en contra de  “cualquier individuo que difunda ideas contrarias a la civilización cristiana occidental”

Fue parte de los grupos que generaron una cifra de desaparecidos y asesinados aún sin un número preciso en el área que operó el Plan Cóndor: Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay Brasil y Uruguay. Se habla de más de 30000 solo en Argentina, más de 200 uruguayos.

Operó en la casa de torturas de Punta Gorda el Infierno Chico.

Está involucrado en la desaparición de Simón. 

El sostuvo que por “asuntos menores” viajó durante la dictadura a Argentina. Pese a estar identificado negó. 

Fue parte de los que determinaron más 500.000 exiliados. Está implicado en la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, ambos secuestrados en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976.

Se apropiaron del dinero de las organizaciones a las que pertenecían los que secuestraban. Negó ser parte de los que negociaron con dinero la vida de los desaparecidos. Vinculado a los vuelos de la muerte. El ex  Comandante ENRIQUE BONELLI –otro impune- relató su participación en el vuelo de 24 de julio, en el que viajaron las personas detenidas que se hallaban en ORLETTI y que después fueron sometidas a la justicia militar y están con vida. También mencionan un vuelo de la muerte el 5 de octubre de 1976. ¿Queda claro porque Ramas calla y porque hay demasiados que lo amparan? 

El intrincado camino de la impunidad, se expresa en lo jurídico. 

El 11 de septiembre de 2006 en Montevideo, el juez penal uruguayo Luis Charles acusó a Ernesto Ramas Pereira, junto a Vázquez Bisio, Silveira Quesada, Gavazzo, Arab Fernández, Luis Alfredo Maurente Mata y Jose Felipe Sande Lima, con los cargos de “privación de libertad” y de “asociación para cometer delitos” por la desaparición en septiembre de 1976 de los activistas de izquierda Alberto Waldemar Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte…

El 26 de marzo de 2009 quedó sentenciado a 25 años en la cárcel por 28 delitos de homicidio particularmente agravados principalmente en contra de miembros del PVP. El juez condenó igualmente Vázquez Bisio y Silveira Quesada a 25 años y Maurente Mata, Medina Blanco y Sande Lima a 20 años en la cárcel. El 1 de julio de 2010, el Tribunal de Apelaciones Penales 2 confirmo la sentencia de primera instancia. El 6 de mayo de 2011, la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a un recurso interpuesto por Arab y Gavazzo, consideró que no se les podían inculpar por desaparición forzada ya que en el momento de los hechos este delito no existía, solo apareció en octubre 2006 en la legislación uruguaya.
Ramas también esta investigado en Argentina, en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor, en la causa caratulada “Videla Jorge Rafael y otros sobre privación ilegal de libertad”.

El 8 de mayo de 2006, un juez argentino pidió la extradición de Ramas Pereira, Medina Blanco, Vázquez Bissio, Arab Fernández, Gavazzo y Silveira Quesada. La justicia uruguaya aceptó la solicitud el 7 de diciembre de 2006, ordenando que sean extraditados hacia Argentina en cuanto hayan cumplido su condena en Uruguay. Esta decisión fue confirmada por el tribunal de apelaciones en septiembre de 2008 y por la corte suprema de justicia el 3 de noviembre de 2008, la decisión quedó entonces definitiva.  Es la primera vez que Uruguay autoriza la extradición de militares por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El 24 de diciembre de 2015 el juez Gesto le otorga la prisión domiciliaria. Ramas fija su domicilio en Piriápolis.

Este torturador impune tiene de abogado al abogado del Centro Militar, Miguel Fernández, designado especialmente para este caso. Junto al abogado Gastón Chávez, quien defiende a Armando Méndez, también indagado por esta misma causa.

Junto a Eduardo Ferro, serían los oficiales que presuntamente dispusieron del cuerpo de María Claudia García de Gelman, y quienes en última instancia determinaron dónde sepultarlo. El pedido de extradición, proveniente del juez federal argentino Guillermo Montenegro, requiere a los ex militares, además de Ernesto Rama, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Arab, Ricardo Medina, y el fallecido Julio Vadora.

Aún detenta el grado y los privilegios de su rango militar, en el mismo momento en que salían para sus domicilios, continuaban cometiendo el delito de desaparición. 

El coronel dejó huellas de sus hazañas:

“Un memorando de Inteligencia militar firmado por el coronel (r) Ernesto Rama, que describe en detalle a una de las columnas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, constituiría una de las pruebas que analiza la Justicia en las causas de la desaparición de Washington Barrios y el asesinato de Silvia Reyes. 

El documento describe minuciosamente la situación de varias personas y establece su condición de militantes tupamaros, de modo que especifica quien estaba detenido, quien prófugo, quien en el país, quien no, etc. 

La conexión de Rama, firmante de ese memorando, con esta investigación es producto de que en dicha lista figuran los nombres de Washington Barrios, desaparecido en Córdoba (Argentina) en 1974; de Silvia Reyes, su esposa, asesinada el 21 de abril de 1974 junto a Diana Maidanick y Laura Raggio; y de Estela Reyes, hermana de Silvia, testigo en ambos expedientes. 

Ernesto Rama asumió su participación en los Organismos de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y en cuyo nombre firmó el mencionado memorando, pero negó su participación en los crímenes y dijo que no recordaba ese documento…”


Added by Semanario La Prensa Redacción on mayo 30, 2016.  http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2016/05/afiche-escrache-piriapolis-junio-portada.jpg

domingo, 22 de mayo de 2016

Pedido de Informes de la Legislatura porteña sobre los metropolitanos de la dictadura

El destino de los 38 exonerados

Con el apoyo de entidades de derechos humanos, el legislador Del Corro quiere que le informen si los ex represores siguen en la fuerza, otro secreto bien guardado. Se recordó el tercer aniversario de la represión en el Borda.

Carlos Rodríguez

El legislador porteño Patricio del Corro (PTS-FIT), con el apoyo de entidades de derechos humanos, presentó un proyecto de informes para que el Gobierno porteño precise si todavía permanecen en la Policía Metropolitana 38 oficiales exonerados que habían tenido actuación durante la última dictadura cívico-militar. En la presentación de la iniciativa se recordó el tercer aniversario de la represión en el Hospital Borda por parte de esa fuerza de seguridad porteña. Se resaltó que esos agentes exonerados “provenían de sectores de inteligencia de la Policía Federal Argentina” que habían tenido una participación central en delitos de lesa humanidad.

El planteo de Del Corro, quien estuvo acompañado por la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), cuenta con el respaldo de Ernesto Moreau de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Graciela Rosemblung de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Cachito Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Alejandrina Barry del CeProDH, entre otras organizaciones sociales y políticas.

Del Corro precisó que “el pedido de informes busca conocer toda la verdad sobre esta policía cuando sabemos que el 70 por ciento de su cúpula cumplió funciones durante la última dictadura, además es conocido que muchos de sus integrantes provienen de las Fuerzas Armadas y del sector de Inteligencia de la Federal”.

Recordó, en el mismo sentido, que “el día de la salvaje represión en el Borda estaba al mando del operativo la División Especial de Operaciones Especiales, comandada por el comisionado mayor Raúl Ricardo Ferrón, un genocida, experto en inteligencia que ingresó a la Policía Federal en 1976”. El legislador recalcó que “ninguno de los sucesivos funcionarios responsables del Gobierno porteño, ni (el hoy presidente Mauricio Macri, ni (María Eugenia) Vidal ni (Horacio) Rodríguez Larreta, han sido procesados, en cambio sí los trabajadores” Cristina Díaz Além, la enfermera Susana Bejarano, Carina Maloberti del SENASA, la fotógrafa Belén Rebollo, Horacio Melnik de Talleres Protegidos y Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado- Capital.

Se recordó que “el Informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana de diciembre de 2010 y los informes posteriores del CELS, de los años 2011 y 2013 (...) establece que 38 de los altos mandos de esa Policía, sobre un total de 52, cumplieron funciones en las fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar: qué cantidad de estos miembros continúan aún en sus cargos y funciones”.

Sobre los 38 “altos mandos” cuestionados se pide al Gobierno de la Ciudad que diga “cuáles fueron los motivos y la fecha” en la que fueron exonerados y que se precise “la cantidad, nombre completo, DNI y legajo de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas que ingresaron en cada año a la Policía Metropolitana desagregando por fuerza de origen”. En este punto se señaló que se debería mencionar “en que sectores” de la Metropolitana “cumplen funciones los 186 miembros de la fuerza provenientes de las Fuerzas Armadas, según consta en Expediente 93771/13” del Gobierno porteño.

En el punto 6 del proyecto se pide información completa sobre “los 27 integrantes del personal superior de la Policía Metropolitana provenientes del área de Inteligencia” de la Federal. Este dato consta “en el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad”. Esa información es coincidente con lo denunciado por el CELS.

Otro dato que se requiere es para que se identifique al personal que “recibe o haya recibido adiestramiento en cursos de especialización realizados en el país o en el extranjero, detallando: dónde se realizó la instrucción, clase de preparación, objetivos de tal instrucción, duración y año en que se realizaron los mismos”.

En los fundamentos, se subrayó que “el pedido de informes conlleva una importancia vital en el proceso de memoria, verdad y justicia que los Organismos de Derechos Humanos han abogado por 40 años” porque “los genocidas de ayer aún están presentes y activos en la actualidad”. El requerimiento está basado en el decreto 4/2010 y a la Ley 25.520, que establecen que debe relevarse toda información o documentación vinculada “con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como toda otra información o documentación producida en otro período, relacionada con ese accionar”.

Se dejó constancia que la información solicitada “es necesaria para la continuación de los juicios contra los que participaron del genocidio perpetrado en la Argentina y, por ende, no puede ser considerada información secreta ni reservada”. El planteo del legislador porteño puntualizó que “el encubrimiento de los partícipes del último genocidio en nuestro país se ha visto evidenciado por cuanto esos mismos han participado en el período constitucional abierto en la Argentina desde 1983 de feroces represiones paradigmáticas por su contenido político e ideológico”.

Los datos que se requieren son consecuencia del “informe final de diciembre de 2010 de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana” que precisó que “más del 70 por ciento de los altos mandos, esto sería 38 oficiales, entre Comisionados, Comisionados Generales y Comisionados Mayores- tuvieron actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar, incluidos los cuatro Superintendentes de la fuerza”.

“Muchos de esos altos mandos revistaron en la tristemente célebre Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA, organismo que jugó un rol relevante dentro del aparato represivo que ejerció el Terrorismo de Estado”. El citado informe es “uno de los ejes de referencia” y “no obedece a razones caprichosas o metodológicas, sino que basa su razón de ser en la necesidad de avanzar sobre las omisiones y falencias en las que incurrió el Poder Ejecutivo al momento de la labor de la Comisión y que su mismo Informe final, deja en evidencia”.

En uno de los párrafos de ese informe se reconoció que las falencias se deben a “la ausencia en muchos casos, sobre todo en los legajos de los altos mandos, de la foja de servicios de la fuerza de seguridad de origen; y la ausencia en casi todos los legajos revisados del certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la fuerza de origen”. A eso se suma, afirmó Del Corro, “la discrecionalidad para aportar información parcial o para directamente hacer caso omiso por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de los datos solicitados” con anterioridad y nunca proporcionaos hasta hoy.

El requerimiento planteó también la necesidad de que este tema sea “uno de los ejes de debate de la Legislatura” porteña porque “la información contenida en los legajos resulta muy desigual y, en la mayor parte de los casos, insuficiente para conocer los antecedentes policiales de los aspirantes de modo que permitan realizar una evaluación seria”.

Esta situación “resulta agravada cuando se trata de personal policial que ha prestado servicios en el período de la dictadura (1976-1983). En esos casos, la sola presentación de certificado de prestación de servicios oficiales, en cualquiera de sus formas, resulta insuficiente para conocer el carácter de las tareas…” realizadas en esos años.

Lo que se reclama en el pedido de informes es “la individualización de este personal, sus funciones y destino teniendo en cuenta a la gravedad que significa, que luego de dar a conocer la cantidad de altos mandos que cumplieron funciones en la dictadura, no se conoce que se haya tomado alguna medida o haya habido algún informe al respecto”. Muy por el contrario “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezado en aquel entonces por el hoy presidente de la Nación Mauricio Macri utilizó dicho personal con instrucción militar para llevar adelante represiones que han sufrido los trabajadores y el pueblo pobre de esta Ciudad”.

Como ejemplo se citó “la represión en el parque Indoamericano el 7 de diciembre de 2010, con el tristemente saldo de 3 muertes producto del accionar de la Policía Metropolitana y la represión en el Hospital Borda el 26 de abril de 2013 contra trabajadores y pacientes, donde no hubo muertos solo por el azar, teniendo en cuenta el tipo de armas utilizadas”. Del mismo modo se mencionó “la represión ocurrida en la Sala Alberdi el 12 de marzo de 2013 cuando efectivos de la Metropolitana llevaron a cabo el desalojo del Centro Cultural San Martín”. En ese hecho, quedó demostrado que la fuerza policial “utilizó armas de fuego para desalojar a quiénes estaban allí realizando la ocupación pacífica de la sala”.

Como conclusión se resaltó que “estos hombres que ayer fueron parte de la dictadura, hoy utilizan la experiencia represiva acumulada en el genocidio, para reprimir a los trabajadores, a los sectores populares y a la juventud que reclaman por sus más elementales derechos” y se hizo mención “uno de los casos más paradigmáticos, el del comisionado mayor Raúl Ricardo Ferrón, nombrado en la Policía Metropolitana por Resolución 233 MJYSGC/10, experto en inteligencia que ingresó a la Policía Federal en 1976”. En el Nunca Más, Perrón figura como uno de los oficiales que participó en el secuestro del entonces abogado del Cels Marcelo Parrilli, en febrero de 1981.

miércoles, 18 de mayo de 2016

Intercargo: La empresa estatal nombró a dos ex marinos activos en Grupos de Tareas en la dictadura

Represores para Intercargo

Pedro Giromini y Enrique Piaggio son los nuevos gerente y subgerente de prevención y seguridad de la operadora de rampas y servicios de tierra en aeropuertos. Y son dos veteranos de la ESIM de Mar del Plata, un centro de tortura.

 Por Alejandra Dandan

A través de la resolución 53, de 2016, la nueva dirección de Intercargo SA designó a dos marinos retirados de la Armada como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad en la empresa estatal que opera rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país. Son Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, que ya cumplieron funciones operativas durante la dictadura. Piaggio revistó en la emblemática Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata entre 1976 y 1978, ubicada en el faro, considerada un centro clandestino de detención y hoy un Sitio de Memoria. Tuvo elogios en su legajo durante ese período y más tarde por “por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo”. La fiscalía del Juicio Oral Base Naval II dio su nombre durante los alegatos de 2012 como parte de los nuevos nombres descubiertos entre quienes participaron “directamente” de la represión. A su vez, Giromini estuvo en Puerto Belgrano y la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, donde se informó que era un suboficial “excelente” para las actividades operativas.

Los nombramientos llevan la firma del nuevo gerente general de Intercargo, Mario Dell’Acqua, ex directivo de Techint y también egresado del liceo naval militar Almirante Guillermo Brown. “Considerando que resulta de imperiosa necesidad contar con el personal idóneo en calidad y capacidad profesional para asegurar el correcto desarrollo del objeto social de Intercargo SAC ocupándose de las cuestiones que le sean encomendadas. Que la incorporación del nuevo personal permitirá profundizar el desarrollo y la eficiencia de la actuación de esta sociedad en el mercado 1) Desígnase a partir del 4 de abril de 2016 como gerente de Prevención, Protección y Seguridad al señor Pedro Eduardo Giromini”. Y a través del artículo 2, “como subgerente al señor Enrique Mauricio Piaggio” (ver imagen).
Intercargo es una empresa que atiende los servicios en tierra de los aviones en aeropuertos de todo el país y está integrada en un 80 por ciento por el Ministerio de Economía y en un 20 por el de Defensa, según la descripción de la página web oficial. Hasta 1994, cuando pasó a manos del Estado, perteneció al empresario Alfredo Yabrán.

Los nombres de los nuevos funcionarios surgieron en los últimos años en las investigaciones de las causas de lesa humanidad. El legajo de Giromini fue remitido al juzgado 1 de Bahía Blanca en 2008, pero su apellido en todo caso es el más conocido debido a los alucinados lazos de parentesco con los Vildoza, parte de otra historia.

Un instructor en el Faro

De acuerdo a su legajo, Piaggio nació el 24 de mayo de 1952. En diciembre de 1973 egresó del Comando de Infantería de Marina. Y en 1976, 1977 y 1978 estuvo en la ESIM, primero como jefe de Sección Marineros y luego como oficial instructor. La ESIM es comparada al centro de exterminio de la Escuela de Mécanica de la Armada. Mercedes Soiza Reilly, fiscal del Juicio en Mar del Plata y actualmente del Juicio ESMA Unificado, definió que institucionalmente era una escuela de formación para infantes de marina, pero al mismo tiempo era un centro operativo y de torturas. “Una de las tareas del ESIM fue abastecer a los Grupos de Tareas de pelotones destinados a patrullar espacios urbanos y rurales. Eran hombres calificados para operar en el territorio que recibieron entrenamientos de parte de ‘instructores’”. La instrucción fue uno de los puestos de Piaggio. Las calificaciones que él mismo hizo durante ese período, permiten ver “un rol activo que no sólo queda demostrado porque fue calificado sino porque también dirigió calificaciones de subordinados que eran los muchachos destinados a ‘reventar’ las casas. Nombres que están ligados a lo que llamaron ‘lucha contra la subversión’”.

Durante ese juicio declaró un ex estudiante de la Marina, que ya había declarado durante la Conadep: Héctor Grumblat. Estudió en 1978. Durante el debate habló de dos espacios de detención: la “sala de comunicaciones” ubicada en el Chalet del Faro, hoy Sitio de Memoria, y una especie de pozo subterráneo con celdas, cerca de la playa. Y también contó que la escuela tenía una “batallón de alumnos” de Infantería de Marina a quienes adoctrinaban sobre la “realidad argentina” en cursos de lucha antisubversiva. Los profesores, dijo, “permanentemente bajaban línea sobre el gobierno militar y explicaban por qué los hombres de esa generación habían decidido tomar el poder, afirmando que los que estaban en contra eran ‘elementos subversivos’ a quienes debían combatir”. A los alumnos les enseñaron cómo proceder en un grupo operativo. Y que existían dos tipos de patrullas, la patrulla “fantasma” donde se salía de civil con armas largas, a secuestrar gente y combatirla, usándolas en zonas urbanas y rurales, y la patrulla “resorte”, a disposición de las necesidades de cualquier comando perteneciente a las tres fuerzas.

Piaggio, que estuvo destinado a la formación de los pelotones, obtuvo una calificación en su legajo de quien fue director del ESIM, Mario José Osvaldo Fórbice, condenado en 2013 a prisión perpetua. Así como Rubén Jacinto Chamorro era director de la ESMA, Fórbice lo fue de la ESI entre 1976 y 1979. Condenado a perpetua en 2013, dos años más tarde le subió la presión al ingresar a la sala de audiencias cuando estaba por comenzar el tercer juicio. Fue el año pasado cuando reconoció finalmente lo que se había negado a admitir, que efectivamente había un desdoblamiento de todas las unidades de la Armada como unidades de “combate”. El juicio de Mar del Plata probó de hecho su doble función: como director de la Escuela y como jefe de un Grupo de Tareas que operó dentro de la Fuerza de Tareas 6. El dato quedó reflejado en su legajo cuando un supervisor destacó su desempeño en el período del 7/09/76 al 26/12/76 como comandante de un GT y ocasionalmente como comandante de la FT 6.

“Los documentos de defensa analizados en ese juicio nos permitieron dejar al descubierto varios nombres de militares que intervinieron directamente en la represión”, dijo la fiscal en aquel momento a este diario. “Un ejemplo fue Oscar Ramón Gronda, que como subdirector de la ESIM era a la vez segundo comandante del Grupo de Tareas y jefe del batallón de alumnos (...) Y el otro caso fue Enrique Mauricio Piaggio que durante los años 1976 y 1977 se desempeñó en el ESIM como jefe de orientación de Infantería de II año, como jefe de la sección marineros primeros (1976) y como oficial instructor de primer año (año 1977). Fue calificado por Fórbice por sus actividades operativas, siempre intensas y sumamente exigentes; por su espíritu agresivo y por haber demostrado aplomo en las operaciones reales en que intervino. Además, repasando la totalidad de su legajo, es elogiado por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión, sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo.” El mismo elogio figura con la firma de un teniente de fragata, Alejandro Giromini, hermano del recién nombrado en Intercargo. Un testigo de identidad reservada declaró en un expediente de la Secretaría de Derechos Humanos sobre calabozos escondidos en un médano. El testigo estuvo en la ESIM entre 1978 y 1979. Dijo que “Giromini era un Teniente de Navío que iba y venía muy seguido al calabozo. Era flaco y alto, y muy burdo. Era jefe de primer año. Hacía mucho hincapié en que todo el mundo era malo, de no juntarse con los civiles que eran todos subversivos”.

Piaggio siguió hacia otros destinos a partir de 1979. Pasó por el Batallón de Seguridad del Estado Mayor de la Armada (BISA), un Grupos de Tareas de la Fuerza de Tareas 3 o Agrupación Buenos Aires, como la ESMA. Pasó por el Batallón de Infantería de Marina (BIM) y por la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA). Por estos antecedentes, la fiscalía cree que es importante hacer una investigación sobre todo su recorrido. Piaggio se retiró oficialmente de la Armada en 1995 con el grado de capitán de fragata. Años más tarde, la Ciudad de Buenos le denegó la incorporación al registro de Héroes de Malvinas, el diploma y el subsidio.

Río Santiago

Pedro Eduardo Giromini nació en 1953. Ingresó a la Armada el 2 de marzo de 1970. Y se retiró con un retiro voluntario el primero de enero de 1999, con grado de capitán de fragata y luego de haber pasado por Estados Unidos como agregado naval durante el gobierno de Carlos Menem. En la dictadura, pasó de teniente de corbeta a teniente de fragata entre 1976 y 1979. Y de acuerdo con su legajo tuvo entre sus destinos la Escuela Naval Militar de Río Santiago entre el 16 de enero de 1977 y el 27 de enero de 1978. Allí estuvo en la Compañía de Vigilancia y Seguridad, una estructura que contenía a los grupos operativos, como sucedió en la ESMA.

En 1977, su nombre aparece calificando a un suboficial infante de marina de la escuela, operativo de la Fuerza de Tareas 5. El suboficial cumplía tareas de Encargado de la Compañía Vigilancia y Seguridad con rol de combate encargado de Compañía. En esa ocasión, el hombre fue calificado por su jefe inmediato, el teniente de corbeta Bengoechea: “Hombre sumamente colaborador, se transformó en un elemento valioso en la faz operativa de la Escuela. Sin descuidar sus funciones de encargado de Compañía, también cumplió funciones operativas en la F.T. 5 donde mostró, seriedad, aplomo, iniciativa y extrema responsabilidad, en situaciones de extremo peligro frente al enemigo”. El mismo legajo tiene una nota firmada por el teniente de corbeta Pedro Giromini, de Vigilancia y Seguridad. Giromini informa que al suboficial no se le va a confeccionar una foja de conceptos para el periodo del 15/11/1977 al 14/03/1978 por no haber variado su concepto.

La escuela fue comandada para la época por el contralmirante Juan Carlos Herzberg, condenado a perpetua por el Tribunal Oral Federal de La Plata en el primer juicio a la Armada que concluyó el año pasado en esa ciudad. Otro oficio que hay en el legajo de ese mismo suboficial durante la misma época está firmado por Herzberg, y lleva el sello de la FT5. “En el desempeño de tareas asignadas en la Fuerza, ha merecido el siguiente concepto: Suboficial, que por su gran espíritu de colaboración, sus convicciones, su excelente predisposición para la ejecución de tareas operativas, ha tenido un excelente desempeño, enfrentando reiteradamente situaciones de riesgo personal”.

Pedro Eduardo y Alejandro son hermanos de Rodolfo Fernando Giromini, piloto del Ejército entre 1978 y 1983 con paso por Campo de Mayo, según datos del Ministerio de Defensa. Rodolfo se casó con Mónica Vildoza, hija de Jorge Vildoza, segundo de la ESMA. Rodolfo Giromini y Jorge, hijo de Vildoza, son o fueron socios en American Data, una empresa de juegos a la que la justicia le congeló los bienes cuando buscaba al marino prófugo para juzgarlo por la apropiación de Javier Penino Viñas

domingo, 7 de febrero de 2016

Genocidas ocupan cargos en el Ministerio de Defensa

Un grupo de militares fueron designados por decreto por Mauricio Macri a cargo de áreas del Ministerio de Defensa que, salvo en la dictadura, ocupan civiles. Justamente, se trata de militares denunciados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Gloria Pagés


Las repudiadas declaraciones de Darío Lopérfido pasaron a ser el discurso con el que se preanunciaban a graves hechos que se conocieron en el día de ayer. Ya no es el relato reconciliador con los genocidas, la vuelta al discurso negacionista del terrorismo de estado a través de la teoría los dos demonios. Se trata en este caso del nombramiento en el Ministerio de Defensa de militares que fueron parte de la dictadura.

Como lo fue César Milani a cargo del Ejército hace hace no mucho, hoy en Defensa circulan genocidas que no hay sido siquiera procesados pero sobre quienes pesan importantes denuncias.

Con el cargo de Director General de Política Internacional de Defensa, se designó, obviamente por decreto, a un coronel retirado, Osvaldo Hipólito Jesús Tosco. Este cargo de conducción, salvo en la dictadura, fue ocupado por personal civil.

Además, dos subsecretarios (cargos que también eran civiles) de esa cartera son también coroneles retirados: Eduardo Thenon, es ahora subsecretario de Formación y Hugo Patricio Pierri asumió al frente de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar.

Hay que señalar que ninguno de estos ascensos y nombramientos pasaron por el Senado y algunos de ellos ya habían sido objetados años atrás.

Tosco está implicado en lo que fue la antesala al genocidio, el Operativo Independencia en Tucumán, y fue destinado en el hoy departamento de Lules, que en 1975 era parte de Famaillá, y donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención que es investigado por 25 desapariciones. Años después, Tosco es destinado al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) en Mar del Plata como instructor. La instrucción, justamente, era sobre métodos de tortura, y así fue denunciado por conscriptos.

Con respecto a Hugo Pierri, existen denuncias por las que sus pliegos de ascenso quedaron trabados en el año 2013. Es que se habían recibido denuncias que lo implicaban en 2005 en actos intimidatorios contra fiscales, integrantes de la Comisión de la Memoria de Corrientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense cuando, en la localidad de Paso de los Libres en Corrientes, que se dirigían a realizar una investigación en un predio ocupado por el Ejército, Pierri y sus hombres, con fusiles FAL y las caras pintadas, les impidieron el paso, alertados de antemano sobre la presencia de los organismos. Según Pierri, que en ese momento era, estaban haciendo “ejercicios militares”.

Estos nombramientos, en línea con lo que no nos cansaremos de denunciar como una política clara que pretende reconciliarnos con los genocidas (con antecedentes recientes en nombramientos en el gobierno de Jujuy, en la AFI como también en Defensa) tenemos que enfrentarlos con la movilización y la organización. La apertura de los archivos, tarea pendiente desde el 83 a esta parte, es una demanda urgente para conocer la verdad sobre todos los genocidas y avanzar en el juzgamiento de los miles que quedan impunes y muchísimos de ellos reciclados y en funciones.

Este próximo 24 de marzo, a 40 años años del golpe genocida, marcharemos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy.

por lo menos, a otros dos coroneles retirados en niveles de subsecretarios. Ambos fueron designados por decretos publicados en el Boletín Oficial, uno como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar y otro como subsecretario de Formación ambos dependientes de la Secretaria de Estrategia y Asuntos militares, actualmente a cargo de Angel Tello, primero funcionario de la Alianza en Defensa, luego viceministro de Horacio Jaunarena durante el duhaldismo, por entonces fervoroso activista de la actuación militar en cuestiones domésticas. Antiguos funcionarios de la cartera sostienen que la designación de militares en estos puestos no sucedía desde la última dictadura militar.

Entre los militares promovidos además de Tosco, está el coronel retirado, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Y en la última semana fue nombrado Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de investigación, desarrollo y producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción un área con incidencia en Fabricaciones Militares. Serángeli que también es presentado en el boletín oficial como “licenciado”, revistaba en 2011 como comandante del Batallón de Infantería de Marina 5 en Río Grande.