domingo, 17 de septiembre de 2017

Francia dirá el 19 de octubre si extradita a Argentina a Mario Sandoval

París, 14 sep  El Tribunal de Apelación de Versalles se pronunciará el próximo 19 de octubre sobre la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval, reclamado en su país por crímenes contra la humanidad durante la dictadura, anunciaron a Efe fuentes judiciales.

La Fiscalía confirmó en una audiencia para examinar esa demanda su posición en favor de que Sandoval sea entregado a Argentina para que responda allí ante la justicia por la desaparición del estudiante Hernán Abriata, que fue detenido en la casa de sus padres en Buenos Aires el 30 de octubre de 1976, y del que no se tienen noticias desde entonces.

El fiscal hizo hincapié en que se trata de un delito de secuestro continuado en la medida en que no se conoce la suerte de Abriata ni ha aparecido su cadáver, por lo que no cabe alegar la prescripción.

Además, también se refirió a una legislación reciente en Francia sobre los delitos disimulados -que se aplicaría a este caso-, que también tiene implicaciones sobre la prescripción.

La abogada de Argentina, Sophie Thonon, explicó a Efe que presentó esos mismos argumentos en su alegato, en el que insistió en que Argentina da la calificación de crimen contra la humanidad a la desaparición por la que reclama a Sandoval (64 años), que se encuentra en libertad bajo control judicial.

El abogado de la defensa cuestionó que Sandoval sea la persona a la que Argentina busca en el caso de Abriata, pues hay un error en la identidad, y mantuvo que los hechos están cubiertos por la prescripción.

Su cliente no quiso añadir nada a lo dicho por su letrado cuando la presidenta del tribunal le dio la palabra.

Este asunto llegó a la jurisdicción de Versalles después de que el Tribunal Supremo de Francia anulara en febrero de 2015 un dictamen del Tribunal de Apelación de París que un año antes había dado luz verde a la extradición de Sandoval pero únicamente por la desaparición de Abriata, y no por las otras acusaciones por las que también lo reclamaba Argentina.

Una portavoz de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presente en la audiencia de hoy comentó a Efe que espera que los jueces en Versalles se hayan convencido de que esta desaparición es un crimen de carácter continuado al que no se puede aplicar ninguna prescripción.

La portavoz también insistió en que es hora de que Argentina pueda juzgar a Sandoval para determinar su responsabilidad. 

lunes, 28 de agosto de 2017

Campaña de firmas por Santiago Maldonado y en apoyo a las demandas de su familia

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO

Desde el día 1 de agosto de 2017 está desaparecido en Argentina Santiago Maldonado, luego de la brutal represión de la Gendarmería en el interior de la Comunidad en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut, Patagonia. Cada vez hay más testigos que confirman que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta.

La desaparición forzada de Santiago se da en el marco de una tremenda represión en la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche que reclama su derecho a ocupar y permanecer en sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de los usurpadores de sus tierras, tal como el empresario Benetton.

Nos sumamos al comunicado de la familia de Santiago Maldonado del 24 de agosto de 2017, y exigimos a las autoridades judiciales y políticas argentinas que tomen todas las medidas necesarias a fin de garantizar la inmediata aparición con vida de Santiago, se inicie una investigación seria para de establecer las circunstancias de su desaparición forzada y los responsables de la misma, se garantice la seguridad de la familia y testigos, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Las firmas pueden ser individuales o de organismos.

Nombre/Apellidos:
Organización:
DNI :


(Mandar firma a: casapueblos@nodo50.org)

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA DE SANTIGO MALDONADO
24 de Agosto de 2017

La familia de Santiago Maldonado querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos:

1.   Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;
2.   La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
3.   La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
4.   Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;
5.   Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
6.   Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;
7.   Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;
8.   Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;
9.   La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;
10.               La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.

Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:

1.   La inmediata aparición con vida de Santiago;
2.   Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
3.   Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
4.   Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
5.   Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.

sábado, 24 de junio de 2017

A 15 años de la masacre de Avellaneda: Darío y Maxi PRESENTES

El EMVyJ convoca junto al FPDS al Puente Pueyrredon. El domingo próximo jornada cultural y vigilia toda la noche, el lunes tomamos el puente, hablan Vanina, Alberto y luego leeremos el documento central

A QUINCE AÑOS SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA
CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO DE MACRI Y LOS GOBERNADORES
¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO!

QUINCE AÑOS DE IMPUNIDAD: EL ESTADO ES RESPONSABLE
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.

ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

viernes, 14 de abril de 2017

El nuevo obispo castrense por la prisión domiciliaria a los genocidas

EL NUEVO OBISPO CASTRENSE SE PRONUNCIO QUE SE OTORGUE PRISION DOMICILIARIA A LOS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA

El nuevo obispo castrense designado por el Papa Francisco, Santiago Olivera, se pronunció a favor de que se otorgue la prisión domiciliaria a mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, al tiempo que se pronunció en favor de “una reconciliación mirando hacia adelante” y sin “justicia selectiva”.

"La prisión domiciliaria no es una puerta cerrada. Si una persona mayor de las fuerzas armadas tiene el mismo derecho que otra en su condición, ¿por qué no dárselo?. Por más que se haya equivocado gravemente tiene ese derecho. Aunque tampoco fueron todos. algunos no se han equivocado gravemente", agregó.

Y completó: "Los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia".

Con todo, Olivera -que acaba de regresar del Vaticano, donde se reunió con Francisco-, aclaró que "con el Papa no hablamos de ese tema, pero aquí hay que vivir los derechos humanos para todos, encarnarlos plenamente, sí, pero para unos y otros. Si no vivimos una Justicia para todos, que nos iguale, podemos cometer injusticias".

En los últimos tiempos crecieron los reclamos de los represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y sus familiares -sobre todo a aquellos que su salud está muy deteriorada- para que se les conceda el beneficio de la prisión domiciliaria y, si bien en algunos casos fue otorgada, en muchos otros no.

En ese sentido, Olivera aseguró que los argentinos "todavía tenemos que hacer un camino". "Lo hemos vivido el 24 de marzo, cómo en algunas personas había una memoria un poco parcializada, un poco volcada hacia un lado", se lamentó, en declaraciones a Télam, en referencia a las marchas por el aniversario del golpe de organismos de DD.HH, agrupaciones de izquierda y kirchneristas ( Clarin)

viernes, 7 de abril de 2017

Carlos Fuentealba: “El dolor colectivo se transforma en acción”

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. 

Por Por Julia Burton |

El conflicto docente del año 2007 arrastraba varias semanas de negociaciones frustradas, paros y movilizaciones, e incluso una marcha-caravana que unió los casi 200 kilómetros entre Neuquén y Zapala. Ante la desidia del gobierno, ya casi en Semana Santa, Aten decidió realizar un bloqueo en ese punto neurálgico que es la ruta 22 a la altura de Arroyito con el fin de afectar el circuito turístico de la provincia.

Ese 4 de abril el tránsito sobre la ruta se cortó: lo cortaron las fuerzas de seguridad de la provincia que desataron una feroz represión hacia las y los trabajadores de la educación, quienes nunca llegaron a realizar la actividad de protesta resuelta en asambleas. Hubo una decisión política para impedir que Aten ocupase la ruta, y las imágenes de ese día hablaron por sí mismas: la cantidad de efectivos policiales, incluyendo grupos especiales armados hasta los dientes, camiones hidrantes, y la presencia de funcionarios provinciales y cúpula policial. Hay que recordar sus nombres porque también están dentro de la cadena de responsabilidades políticas del asesinato: Raúl Pascuarelli, Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Miguel Ángel Escobar, además de los jefes de los grupos especiales de la policía. Pero lo que más puso en evidencia la definición política del gobierno de Jorge Sobisch fue la inmediatez y modalidad con la que se desató la represión. No se pretendía dispersar una manifestación, sino que se llevó a cabo una persecución y cacería de las y los docentes a campo traviesa. Una represión que no cesaba aún cuando era evidente que las y los trabajadores de la educación no iban a cortar la ruta. El asesinato de Carlos sucedió en ese contexto de retirada de manifestantes en los autos.

No hay otra explicación que la decisión política asumida por un gobierno como modalidad para “solucionar” los conflictos sociales. Una forma que encadena responsabilidades de distinto tipo y que van desde quien apretó el gatillo (José Darío Poblete) hasta la máxima autoridad de la provincia, Jorge Omar Sobisch. Su desprecio por la actividad docente es tal que no le importó matar a un trabajador de la educación y en los días siguientes reivindicó públicamente el accionar policial diciendo que son situaciones no queridas, pero volvería a tomar la misma decisión.

Tampoco puedo dejar de situar que esto sucedió en un año electoral en que Sobisch se presentaba en las elecciones presidenciales como el candidato “antipiquetes”. Hasta ese día su compañero de fórmula iba a ser Mauricio Macri, quien le soltó la mano a raíz del asesinato de Carlos, y Sobisch tuvo que buscar su aliado en la figura de Jorge Asís.

Entonces pienso en que sí, fue una determinación política del gobierno que las y los docentes no corten la ruta en Arroyito, pero también fue un mensaje más amplio y de una claridad impresionante a todos los sectores que nos organizamos, reclamamos y defendemos nuestros derechos. Pretendieron “educar” con el escarmiento a las y los educadores de la provincia, y a través de ello a todo el resto de la sociedad.

La muerte de Carlos marcó un límite imprimiéndole un nuevo giro al conflicto; al exceder los aspectos sindicales el asesinato del docente en medio de un reclamo legítimo, se vuelve repudio social y generalizado, y se arraiga en las calles neuquinas desbordadas de pueblo en demanda de justicia y la renuncia del gobernador.

Por esos días las y los docentes de Neuquén volvieron a dar cátedra y nos enseñaron a transformar ese dolor que atravesaba los cuerpos en acción: en las movilizaciones multitudinarias, en el acampe frente a casa de gobierno, en el corte de puente, en los escraches y visitas pedagógicas a funcionarios provinciales. Empaparon las calles de una multiplicidad de formas creativas para ejercer la justicia callejera y popular, esa que emerge de nuestras rabias ante tanta impunidad, cuando la justicia burguesa es cómplice y protege a nuestros verdugos. La voz de Sandra Rodríguez resonó potentemente frente a las más de veinte mil personas presentes en el acto al culminar una de las movilizaciones de mayor convocatoria de la historia de Neuquén, el 9 de abril de 2007. La fortaleza y claridad que tuvieron sus palabras generó silencios cargados de emotividad. No vaciló en denunciar que quienes dieron las órdenes fueron tan responsables del asesinato como quien apretó el gatillo. A lo largo de todos estos años esas palabras iniciales de Sandra y sus declaraciones posteriores generaron que “su” Carlos devenga en un Carlos colectivo que está grabado en los cuerpos y no se olvida, aunque desde el riñón del poder político de la provincia se busquen e inventen mecanismos y resortes para que la memoria caduque y con ella la demanda de justicia.

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. Desarma de manera individual y duele colectivamente, sí. Pero ese dolor se transforma en acción y en el andar colectivo nos volvemos a armar cuando se entrelazan la memoria, las demandas por justicia completa y nuestros gritos y acciones de rabia contra tanta impunidad. Porque, como dijo Galeano, yo también tengo la certeza de que no hay impunidad que sea eternamente impune.

viernes, 27 de enero de 2017

20 años del asesinato de José Luis Cabezas

José Luis Cabezas a 20 años del crimen que cambió el periodismo
Un empresario ordenó matar a un reportero por hacerle una foto. No queda nadie en prisión

Ramiro Barreiro

La historia del periodismo argentino cambió hace 20 años. Más específicamente en la mañana del 25 de enero de 1997, cuando todos asistieron al más brutal crimen contra la libertad de prensa del que se tenga memoria en democracia. El reportero gráfico José Luis Cabezas apareció calcinado dentro de un auto, en un gran pozo, a 13 kilómetros de la ciudad balnearia de Pinamar (a 350 km de Buenos Aires). Al instante, el principal sospechoso fue el empresario Alfredo Yabrán, quien manejó un verdadero imperio desde las sombras durante la década de los 90 en Argentina. “Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía” dijo alguna vez el poderoso hombre en una entrevista. Fue Cabezas el primero que lo logró. Y lo pagó con su vida.

Gabriel Michi es el redactor que cubría la temporada veraniega junto al fotógrafo para la revista Noticias. Ya lo habían hecho un año antes, también en Pinamar, y allí nació una obsesión compartida: conseguir una entrevista con Alfredo Yabrán, quien hasta ese momento sólo era conocido por tener un pool de empresas a su nombre, con el correo privado OCA (por ese entonces a cargo del 30% del mercado postal de Argentina) como nave insignia y la acusación del ministro de Economía Domingo Cavallo, quien lo caracterizó como el “jefe de una mafia enquistada en el poder”.

“Llegar a poder conseguir la primera foto nos llevó mucho tiempo de investigación y llegamos por información que me dieron mis fuentes. Fue muy difícil en un momento donde no existía internet”, recuerda Michi en diálogo con EL PAÍS. “Yo tuve que hacerle de trípode a José Luis cuando sacamos la foto que está en el balneario Marbella, sentado en una reposera. En otra tanda, llegué a posar como si fuese un turista y él logra la foto más famosa, caminando por la playa con su mujer”.

La guardia periodística continuó. Alquilaron carpas contiguas a la del empresario, lo siguieron a fiestas y eventos. Lo que los colegas no sabían era que el propio Yabrán había montado un seguimiento sobre ellos, del que también participaron altos cargos de la policía de Pinamar y una pandilla de delincuentes a la que llamaban “la banda de Los Horneros”.

Finalizada la temporada de 1996, los periodistas ya tenían en su poder el rostro del hombre más buscado. Durante todo ese año, Cabezas recibió amenazas telefónicas que ocultó a su familia. “Yo me enteré de todo eso después”, asume Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico. “Nos juntábamos seguido en lo de mamá y la obligábamos a hacer pizzas. Nos divertíamos mucho pero no hablábamos de su trabajo”, relata la mujer, quien ante el fallecimiento de su padre José –en 2010- y la vejez de su madre Norma (cumplió 84 el año pasado) encabeza todos los actos conmemorativos y pide justicia, en disconformidad con los fallos del Tribunal de Casación bonaerense, que morigeró las penas impuestas.

En noviembre de 1996, el policía Gustavo Prellezo pide antecedentes de José Luis Cabezas. Ahí empezó el operativo para silenciar a los periodistas. “Ese verano también nos cortaron los neumáticos del auto y tuvimos cruces con la seguridad del empresario. La policía de Pinamar le pasaba información a Prellezo de donde parábamos y los lugares adonde íbamos y el 22 de enero, en el marco de una nota sobre robos en Pinamar, nos marcaron enfrente de la comisaría”, recuerda Michi.

Los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo fueron condenados a prisión perpetua, al igual que los integrantes de Los Horneros, Sergio González, Horacio Braga, José Auge y Héctor Retana. Luna fue liberado el año pasado al cumplir las dos terceras partes de la sentencia a 24 años; Prellezo obtuvo arresto domiciliario en 2010, “porque era asmático, le dolía la cintura y había humedad en la celda”, recuerda Gladys Cabezas. El 21 de diciembre pasado fue liberado. Auge recuperó la libertad en 2004, González en 2006, y Braga el 25 de enero de 2007 (el mismo día en que se recuerda el crimen). Retana y Camaratta murieron. Además, el ex sargento Gregorio Ríos, jefe de custodia de Yabrán, fue condenado como instigador del crimen y se le rechazó la excarcelación en diciembre de 2006. Su condena a perpetua cambió a 27 años y en 2008 fue liberado por el beneficio del 2 por 1. Yabrán, asediado por la justicia, la prensa y la opinión pública de todo el país, se suicidó el 20 de mayo de 1998. Eligió dispararse en la boca con una escopeta mientras descansaba en una estancia de Entre Ríos. Al día de hoy mucha gente todavía cree que Yabrán está vivo, en algún lugar del mundo.

“La justicia no es justa y dejan a los asesinos libres”, se lamenta Gladys, “Simplemente porque son abogados o sufren de asma. La justicia parece un jardín de infantes y es una vergüenza. Nosotros los familiares estamos muy enojados y muy dolidos, por el país, porque esta gente no va a ir mas presa y nosotros ya no somos parte del expediente”. Lo que quedará es el recuerdo siempre presente del periodismo argentino, que se unió detrás de una imagen. El fondo negro, la mirada penetrante del fotógrafo y una leyenda: “No se olviden de Cabezas”.

“Hay que tener en cuenta es que el crimen fue un antes y un después en la historia del periodismo argentino y sin dudas se vio por primera vez una sociedad movilizada en un reclamo por un periodista asesinado. Pocas veces en democracia se logra que haya objetivos comunes entre los periodistas, los medios y la sociedad. En este caso se dio la particularidad del gran apoyo de la sociedad porque en el momento en que ocurrió el crimen había una suerte de matrimonio entre la sociedad y la prensa. La sociedad interpretó que en el silenciamiento del crimen no sólo había un mensaje para el periodismo sino también para toda la comunidad”, cierra Michi.
(El País)

martes, 24 de enero de 2017

Vergonzoso fallo de la Corte Penal III del Tribunal de Roma

La "Justicia" italiana y el Plan Cóndor
Jorge Tróccoli en Italia: “Yo torturé”

Un Tribunal de Roma confirmó la existencia del Plan Cóndor y los crímenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur contra sus opositores políticos. Sin embargo, el fallo dejó sensaciones encontradas entre los denunciantes: la satisfacción de una condena y la desazón por las absoluciones.

Por Isabel Fernández y Mauricio Pérez
En 2005 un apartamento del edificio ubicado en Arrascaeta esquina Verdi estaba a la venta. Piso de parqué, dos dormitorios, cocina, una biblioteca repleta que se alzaba hasta el techo. Todo bien cuidado, todo en orden. Estaba claro que los libros no formarían parte de la transacción. Una pena.
Eran varios los motivos para que conocieran bien al propietario, empezando porque sacaba a pasear a su perro todos los días, con sol o con lluvia. Ambos, unidos por una correa, salían del edificio, tomaban Verdi y por Asturias enfilaban hacia el sur. A pesar de que el hombre era educado y el perro estaba bien enseñado, los vecinos respondían con desprecio al saludo de cortesía.

No era fácil olvidar que se trataba del capitán de navío (r) Jorge Néstor Tróccoli, el mismo que ameritaba los volantes anónimos por debajo de la puerta. La letra era grande y los alertaba: “En este barrio vive un milico asesino”. Y allí estaba él, caminando como si nada, rumbo al río que no queda claro si es mar, aunque la impunidad siempre resulta indigna.
Poco después, el apartamento cambió de dueño y Tróccoli abandonó el barrio. No eran tiempos sencillos para el autor de La ira del Leviatán, el libro que narraba –y confirmaba– algunas de las atrocidades cometidas durante la dictadura. La exfiscal Mirtha Guianze solicitó su procesamiento con prisión por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. Fue tiempo de tomar otros rumbos: Tróccoli no compareció a la audiencia ratificatoria y se fugó del país.

Fue detenido el 23 de diciembre de 2007, en Italia, cuando la Justicia uruguaya expidió una orden de captura internacional. Entonces se supo que hacía tiempo que Tróccoli planeaba su huida: en 1996 había comenzado a tramitar la ciudadanía italiana. El juez Luis Charles (hoy ministro de Tribunal de Apelaciones) solicitó casi de inmediato su extradición, pero esta no llegó a hacerse efectiva, ya que se presentó fuera de plazo, a raíz de una demora en la Embajada de Uruguay en Italia. Tróccoli fue liberado y continuó con su vida en Italia.
La Justicia uruguaya reclamó a su par italiana que Tróccoli fuera juzgado por los ilícitos cometidos en Uruguay. Pero el fiscal Giancarlo Capaldo, que desde hacía una década investigaba los crímenes del Plan Cóndor, decidió él mismo incorporar el caso Tróccoli a su causa. Lo acusó por el secuestro y desaparición de seis personas. También acusó a otros 15 uruguayos –entre militares, policías y civiles– y a represores de Chile, Bolivia y Perú. Pero Tróccoli, el que paseaba a su perro por la calle Verdi y Asturias, el que admitió haber participado en sesiones de tortura, volvió a salir libre por la puerta de un Juzgado. El tribunal romano lo absolvió de los cargos en su contra. No obstante, el proceso está lejos de haber culminado.

El camino italiano
La primera vez que la Justicia italiana tuvo conocimiento de los crímenes perpetrados por las dictaduras de América del Sur fue en 1982, cuando Cristina Mihura, viuda de Bernando Arnone, compareció ante el Tribunal Penal de Roma y presentó una denuncia por el secuestro y homicidio de su esposo (Procedimiento R.G. 122988/82/C). La causa no prosperó.
Diecisiete años después, la historia fue distinta. En junio de 1999, seis mujeres, esposas y familiares de desaparecidos por el accionar del Plan Cóndor –todos ellos con ciudadanía italiana–, se presentaron ante el mismo tribunal y radicaron una denuncia penal por los crímenes perpetrados en las décadas de 1970 y 1980. La causa fue caratulada con ficha “Nº 8823/99/R c/ Pinochet Augusto, Operazione Condor”. Se trató de un intento de vulnerar el escollo de la entonces firme Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impedía investigar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Y tuvieron mejor suerte.
El fiscal Capaldo asumió su competencia e inició una larga investigación que se extendió durante más de diez años, hasta que finalmente decidió imputar a unos 140 militares y civiles de los países del Cono Sur por su participación en el Plan Cóndor. Con el paso del tiempo, la lista se fue depurando. Finalmente, el fiscal formuló una acusación contra una treintena de militares y civiles, entre ellos, 16 uruguayos. Dos murieron en el transcurso del proceso: Iván Paulos –jefe de Inteligencia Militar entre 1979 y 1981 y fundador de la logia Tenientes de Artigas– y el recientemente fallecido dictador Gregorio Álvarez.
También fueron acusados los militares José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Pajarito Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Ramas, Luis Alfredo Maurente y Ricardo Eliseo Chaves, los expolicías Ricardo Conejo Medina Blanco y José Sande Lima, y el excanciller Juan Carlos Blanco. También fue imputado Tróccoli, el único de los militares que compareció ante el tribunal romano; el resto se negó a declarar ante la Justicia italiana aduciendo falta de competencia para juzgar estos hechos.

Pese a esto, el tribunal hizo una extensa investigación que incluyó 61 audiencias, con decenas de testigos –muchos de ellos, víctimas de la represión transnacional– y miles de documentos oficiales sobre la coordinación represiva, algunos desconocidos hasta el momento. El Estado uruguayo y el Estado italiano se sumaron a los familiares y se presentaron como querellantes en la causa. Todo parecía encaminado para una condena de la mayoría de los implicados. Pero esa sensación terminó en cierta frustración.
Revelaciones
El martes 17, la Justicia italiana condenó a siete militares y un civil que formaron parte activa del Plan Cóndor. Pero ese día, al leerse la sentencia, la decepción ganó a los uruguayos presentes en la sala. De los 14 imputados orientales que podían ser juzgados (tras la muerte de Paulós y Álvarez), sólo fue condenado el excanciller Juan Carlos Blanco. Se lo procesó por los homicidios de los uruguayos Daniel Banfi, Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno y de los argentinos Luis Faustino Stamponi –detenido en Bolivia y trasladado en forma clandestina a Automotores Orletti en 1976– y su madre, Mafalda Corinaldesi. Todos desaparecidos.

El resto, militares y policías, absuelto. En el caso de Chaves, el tribunal aplicó el artículo 530 del Código Procesal Penal italiano: se determinó que no tuvo participación en los hechos. Los demás fueron considerados inocentes o sin responsabilidad. Lo que más impactó a la gente que allí estaba fue la absolución de Gavazzo y de Tróccoli. Sobre el primero había cientos de documentos que confirmaban su participación; el segundo, durante el juicio, había confirmado su participación en los hechos. “Yo no maté ni secuestré; yo torturé”, dijo. Aunque aún no se conocen los motivos de la absolución –que se harán públicos en 90 días–, se estima que el tribunal no aplicó la “obediencia debida”, ya que en Italia hay una enorme jurisprudencia contra este principio, que viene de los juicios contra los nazi-fascistas. Si así fuera, sería uno de los puntos a plantear en la futura apelación, que se entiende inevitable, ya que tanto la Fiscalía como el abogado de uno de los procesados ya anunciaron su intención de recurrir el fallo.

Si bien el procedimiento que llevó a esta instancia comenzó en 1999, la fase de debate recién tuvo lugar en 2015. Por esa época, ya se tenía una idea de lo difícil que era la causa: “Estábamos ante tribunales populares con gente muy conservadora e ignorante de lo que sucedió en esta parte del mundo. Fue horrible. Relatábamos la tortura, pero allá eso no es un delito, entonces te dabas cuenta de que no tenías cómo mostrar por medio de palabras la tragedia que habíamos vivido. Ellos manejan otros códigos; no podíamos entendernos”, dijo una de las testigos que declaró ante el tribunal a Caras y Caretas.
Para que se tenga una idea, uno de los testimonios relataba algo acontecido en Iquique. Se hizo un impasse para explicar a un juez popular dónde quedaba Iquique. Cuando parecía que todo estaba claro, otro juez popular preguntó asombrado: “¿Qué tiene que ver Chile en todo esto?”. Y se estaba hablando del Plan Cóndor. A esto se le sumaba la hostilidad del ambiente donde las víctimas del terrorismo de Estado fueron a contar su periplo. Acostumbradas a los tribunales argentinos, donde se intentaba preservarlos desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta la condición de sobrevivientes, en Italia el testimonio se daba entre prisioneros de la mafia que iban para ser juzgados.

Igualmente, nada pudo evitar que el proceso continuara. Nadie quiso frenarlo, tampoco. La sentencia fue escuchada por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que viajó a Roma para ser partícipe de esta instancia, en representación del Estado uruguayo, querellante en la causa. Luego de que la jueza Evelina Canale culminara con la audiencia, Sendic dijo sentirse defraudado con la decisión. Mientras el vicepresidente hacía estas declaraciones, Victoria Moyano, hija de uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina, fustigó la actitud de Uruguay: “El Estado uruguayo se presentó como querellante y no condena en su país el caso Tróccoli, que vuelve a quedar libre acá. Entonces esto es una vergüenza. Venimos a buscar condena porque en Uruguay no hay condena a los genocidas”.

A Moyano le asiste una parte de razón: la denuncia en Italia se hizo en 1999, cuando en Uruguay tenía plena vigencia la ley de caducidad, pero también es cierto que de las 14 personas a las que se juzgó en Italia, sólo tres no fueron juzgadas en Uruguay: Tróccoli (que fugó), Mato (vinculado con el crimen de los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que está radicado en Brasil) y Chaves. El resto está cumpliendo la condena por crímenes de la dictadura. O muerto.

El Cóndor no pasa

Aurora Meloni es la viuda de Daniel Banfi, asesinado en 1974. Cuando en 1999 presentó la denuncia en la Tercera Corte Penal de Roma, lo hizo contra Hugo Campos Hermida y Juan Carlos Blanco. Las consecuencias del asesinato fue la sentencia a cadena perpetua para Blanco. Pero el caso de Banfi quedó por fuera del Plan Cóndor, porque la Corte consideró que el crimen fue anterior a la instrumentación de dicho plan. Meloni insiste: “En setiembre de 1974, Campos Hermida se movía como pez en el agua con la Policía Federal Argentina. En esa fecha entró a mi casa con 15 tipos, a las tres de la mañana, para ejecutar el secuestro”.

Meloni, en diálogo telefónico con Caras y Caretas, explicó que para ella no está todo perdido ni mucho menos: “¿Qué pasa con los que fueron absueltos? Sencillamente dicen [los italianos] que no hay pruebas para condenarlos por lo que se les acusa”. Y explica: “La desaparición forzada que existe en nuestros países no es una figura jurídica en Italia. El equivalente para los italianos es homicidio. Hay que ponerse en la cabeza de los jueces populares. Necesitan una prueba diferente. No alcanza con que los compañeros de Orletti vengan a decir que Gavazzo torturó y mató, porque hay que demostrarlo. Capaz que el ejecutor fue un soldado cualquiera. Entonces lo que hicieron, lo que comenzaron haciendo, fue ir contra los altos mandos y el reconocimiento del Plan Cóndor. Pero esto sigue. Es sólo la primera instancia. Ahora viene toda la instancia de apelación”.
En la apelación no hay tribunales populares, sino que todos los jueces son profesionales, lo que ayuda a la hora de procesar toda la documentación reunida, que es el fruto de 15 años de investigación ininterrumpida. Durante ese tiempo, el fiscal Capaldo fue a Estados Unidos y estudió los documentos desclasificados de la CIA, recorrió todos los países de América Latina, se entrevistó con las instituciones y los gobiernos (incluido el presidente Tabaré Vázquez, durante su primera presidencia).

Para Meloni fue innegable la desazón, pero su visión es esperanzadora: “Obtuvimos muy poco de la justicia que vinimos a buscar. Pero habrá apelación, y estoy segura de que en esa instancia vamos a lograr más. Lo que pasa es que no estamos familiarizados con este tipo de juicios. Es importante tener claro que esto no queda acá”, concluyó.
Cristina Mihura –otra de las querellantes– también se mostró esperanzada. Consideró que la sentencia es “parcialmente positiva”, porque pese a las absoluciones de los militares y policías uruguayos, se logró la condena de Blanco por su responsabilidad en el Plan Cóndor. “La Corte ha condenado a personas que fueron dictadores o ministros o tuvieron roles de relevancia generales […] Lo lamento por los familiares de las víctimas de Tróccoli”, afirmó Mihura a Caras y Caretas. “Tróccoli no es inocente, ninguno es inocente, pero ellos gozan de garantías que nuestros familiares no tuvieron”, reflexionó.

Más allá de esto, valoró que se debe esperar 90 días, de forma de conocer los argumentos que utilizó el tribunal para dictar su fallo. “Entonces podremos leer por qué la Corte absolvió a Gavazzo y por qué condenó a Blanco, y podremos comparar las dos cosas”. Gavazzo y Blanco eran juzgados por los mismos crímenes. Fue la absolución de Gavazzo la que causó mayor sorpresa, porque había documentos y testimonios que probaban su participación en estos crímenes. “Hace tiempo que estaba previsto que muy probablemente iba a haber algunas absoluciones. Estaba convencida de que peruanos y bolivianos iban a ser absueltos –y fueron condenados–, y, al revés, pensé que la de Gavazzo era una condena segura”, señaló.

Mihura afirmó que, al contrario de lo que muchos dicen, no lloró al escuchar la sentencia, pero que se emocionó con los mensajes que recibió en las horas posteriores. “No hay que perder la calma y seguir luchando y tratando de conseguir que se abran los archivos y saber lo que pasó, y recurriendo a los juzgados para quienes creen en la Justicia. Acá no terminó nada ni empezó nada”, agregó. “Por Bernando tuvimos sentencias en Uruguay, Argentina e Italia, y quienes participaron en su secuestro fueron identificados y tienen sentencia. Lo único que no hemos conseguido es la restitución de sus restos”, expresó.
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Uruguay apelará la decisión
El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo sentirse “defraudado” por el fallo, pero valoró que el tribunal tendrá sus motivos para haber llegado a esta conclusión. “Estamos defraudados por el pronunciamiento pero no estamos en condiciones, ni es nuestra voluntad, cuestionar o criticar al tribunal, porque tendrá sus elementos, sus motivos, para haber llegado a esta conclusión”. Sendic dijo entender “la indignación y el dolor” de los familiares por este fallo, pero recordó que se trata de un fallo apelable. “Habrá que decidir en las próximas semanas el camino a seguir”, expresó. El jerarca aseguró que para esto se coordinará con los familiares que se presentaron como querellantes en la causa.
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De la emoción a la desazón
Cuando el tribunal comenzó a leer su fallo, la esperanza se apoderó de los uruguayos presentes en la sala de audiencia. Luis García Meza, condenado. Luis Arce Gómez, condenado. Francisco Morales Bermúdez, condenado. A ellos les siguieron otros. Hasta que llegó el turno de Juan Carlos Blanco: condenado a cadena perpetua por el homicidio de siete personas. “Se logró”, fue la exclamación general. La emoción fue incontenible y se apoderó de casi todos.
La lectura siguió y las condenas se acumulaban. Pero de repente llegaron las absoluciones. Una sensación extraña, algo que no se entendía. “¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser?”. Todo cambió en un instante. Desconcierto, desazón y algunas lágrimas de rabia e incomprensión tomaron el lugar de la alegría y las lágrimas de emoción. Sentimientos contradictorios invadieron a muchos de los presentes. Sensaciones que se mantuvieron a lo largo de las horas y que serán muy difíciles de cambiar. Aunque nada termina aún.
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Macarena Gelman: “Un juicio complejo”
La diputada Macarena Gelman, víctima del Plan Cóndor y una de las uruguayas que declararon como testigo en la causa, se manifestó “bastante crítica” de lo que pasó durante el juicio en Italia. En diálogo con Caras y Caretas, Gelman dijo que fue “un juicio complejo”, en el que había “muchas expectativas” y donde existía un “compromiso destacable” de los familiares y testigos. La legisladora valoró que “el Estado, verdaderamente, hizo un esfuerzo pero recién en el último tramo”, y que se requería una posición “más organizada” al momento de presentar los hechos y las pruebas.
“Pero personalmente creo que no puedo pretender de la Justicia italiana lo que la Justicia uruguaya no ha hecho o ha obstaculizado. O si lo ha hecho, lo ha hecho tarde”, expresó Gelman. En este sentido, dijo que es necesario “redoblar el esfuerzo de los tres poderes del Estado para tener el sistema de justicia que necesitamos y nos merecemos” para el juzgamiento de los crímenes de la
dictadura.