Río Negro, y revuelto
La Justicia habilitó la asunción de un concejal que trabajó en la intervención provincial durante el Proceso. Denuncian que el fallo viola la Carta Orgánica municipal.
Repudio. Los organismos de DD.HH. de Viedma rechazan que Grandón asuma en el Concejo Deliberante.
En Viedma, capital de Río Negro, un fallo judicial de fines de abril hizo retroceder la política de derechos humanos local unos cuantos casilleros al habilitar la asunción como concejal de Carlos Grandón, ex funcionario provincial en la última dictadura militar. La decisión de los magistrados ignoró la Carta Orgánica Municipal (COM) que legisla sobre el tema y generó mucha repercusión en la localidad patagónica ya que, según los organismos de derechos humanos locales, se sentó un precedente peligroso para la democracia.
“Viedma dio un debate importante referido a la memoria colectiva dos años atrás –explicó a Veintitrés el concejal Matías Rulli–. Incorporó en la Constitución local conceptos de avanzada. No fue un avance casual. Entendimos, a diferencia de estos jueces, que en la Argentina hubo un golpe cívico-militar y que muchos desde su lugar legitimaron ese proceso que impartió toda una forma de pensar”.
Rulli hace mención a la reforma de 2010, cuando los convencionales de la COM estipularon en el artículo 52, inciso 12, que “las personas que hayan ejercido funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en este municipio”. Entonces se endurecieron las prohibiciones que ya constaban en la carta de 1989 y se dio un gran paso democrático. Incluso el CELS afirmó que existen “antecedentes jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos que justifican la existencia de este tipo de normas”. No obstante esto, la Justicia Electoral borró con el codo lo que habían escrito los convencionales dos años atrás.
Lo hizo, primero, al habilitar la candidatura del edil del Partido Provincial Rionegrino, quien luego fue electo. Grandón fue director de Comisiones de Fomento en el Ministerio de Gobierno entre mayo del ’82 y diciembre del ’83. Según publicó el diario Al Día de Viedma, fue nombrado funcionario del Proceso mediante el decreto 397, que fue firmado por el interventor que oficiaba de “gobernador”, el 22 de abril de 1982.
Ante este escenario, el 7 de diciembre del 2011, una Comisión de Poderes del Concejo Deliberante rechazó su incorporación al recinto. Con este resultado, el acusado acudió una vez más a la Justicia, argumentando que la Constitución provincial no lo inhabilita para ejercer un cargo público, que todo es una operación de prensa y que él estuvo en un período de transición a la democracia. Curioso, ya que desde que Grandón asumió en 1982 hasta el final del golpe, la Argentina tuvo dos presidentes de facto: Leopoldo Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. No obstante, la Justicia –el mismo tribunal que avaló su candidatura– volvió a darle la derecha en abril pasado.
Para Rulli el “fallo es contradictorio ya que si bien le da la razón al ex funcionario de la dictadura, no declara la inconstitucionalidad de la norma”. Con este panorama, el 8 de mayo pasado los concejales apelaron la sentencia y ahora esperan que el Tribunal Superior de Justicia revierta el cachetazo que recibió la democracia.
Fuente: Revista 23
La Justicia habilitó la asunción de un concejal que trabajó en la intervención provincial durante el Proceso. Denuncian que el fallo viola la Carta Orgánica municipal.
Repudio. Los organismos de DD.HH. de Viedma rechazan que Grandón asuma en el Concejo Deliberante.
En Viedma, capital de Río Negro, un fallo judicial de fines de abril hizo retroceder la política de derechos humanos local unos cuantos casilleros al habilitar la asunción como concejal de Carlos Grandón, ex funcionario provincial en la última dictadura militar. La decisión de los magistrados ignoró la Carta Orgánica Municipal (COM) que legisla sobre el tema y generó mucha repercusión en la localidad patagónica ya que, según los organismos de derechos humanos locales, se sentó un precedente peligroso para la democracia.
“Viedma dio un debate importante referido a la memoria colectiva dos años atrás –explicó a Veintitrés el concejal Matías Rulli–. Incorporó en la Constitución local conceptos de avanzada. No fue un avance casual. Entendimos, a diferencia de estos jueces, que en la Argentina hubo un golpe cívico-militar y que muchos desde su lugar legitimaron ese proceso que impartió toda una forma de pensar”.
Rulli hace mención a la reforma de 2010, cuando los convencionales de la COM estipularon en el artículo 52, inciso 12, que “las personas que hayan ejercido funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en este municipio”. Entonces se endurecieron las prohibiciones que ya constaban en la carta de 1989 y se dio un gran paso democrático. Incluso el CELS afirmó que existen “antecedentes jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos que justifican la existencia de este tipo de normas”. No obstante esto, la Justicia Electoral borró con el codo lo que habían escrito los convencionales dos años atrás.
Lo hizo, primero, al habilitar la candidatura del edil del Partido Provincial Rionegrino, quien luego fue electo. Grandón fue director de Comisiones de Fomento en el Ministerio de Gobierno entre mayo del ’82 y diciembre del ’83. Según publicó el diario Al Día de Viedma, fue nombrado funcionario del Proceso mediante el decreto 397, que fue firmado por el interventor que oficiaba de “gobernador”, el 22 de abril de 1982.
Ante este escenario, el 7 de diciembre del 2011, una Comisión de Poderes del Concejo Deliberante rechazó su incorporación al recinto. Con este resultado, el acusado acudió una vez más a la Justicia, argumentando que la Constitución provincial no lo inhabilita para ejercer un cargo público, que todo es una operación de prensa y que él estuvo en un período de transición a la democracia. Curioso, ya que desde que Grandón asumió en 1982 hasta el final del golpe, la Argentina tuvo dos presidentes de facto: Leopoldo Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. No obstante, la Justicia –el mismo tribunal que avaló su candidatura– volvió a darle la derecha en abril pasado.
Para Rulli el “fallo es contradictorio ya que si bien le da la razón al ex funcionario de la dictadura, no declara la inconstitucionalidad de la norma”. Con este panorama, el 8 de mayo pasado los concejales apelaron la sentencia y ahora esperan que el Tribunal Superior de Justicia revierta el cachetazo que recibió la democracia.
Fuente: Revista 23
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