Tras
concluir con las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio
de la Fiscalía y las querellas, el TOC 21 desestimó varios planteos de
nulidad, entre ellos los presentados por el abogado Oscar Igounet,
defensor del empleado ferroviario Guillermo Uño.
Igounet formuló distintos planteos de nulidad bajo el argumento de
que no pudo ejercer el derecho de defensa porque no se le permitió
ofrecer prueba y, en la cuestión más reciente, por la falta de
definición de un pedido de recusación contra los miembros del tribunal
oral.
El TOC 21, presidido por Horacio Días, e integrado por Diego
Barroetaveña y Carlos Bossi reconoció que la recusación aún sigue
discutiéndose en otra instancia, pero decidió “avanzar con el juicio”
porque caso contrario cualquier planteo similar provocaría la suspensión
del debate oral y público.
Antes que terminara la lectura de los pedidos de elevación de la
causa a juicio, Elsa Rodríguez, una de querellantes, quien asistía al
debate sentada en silla de ruedas, pidió retirarse de la sala de
audiencias ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002 de esta capital,
porque “se sentía mal”.
Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron heridos durante los
hechos registrados el 20 de octubre de 2010 en el barrio porteño de
Barracas, cuando durante una protesta de índole laboral para la
incorporación de “tercerizados” al plantel de ferroviarios, fue muerto
Ferreyra.
La Sala de audiencias, la más grande del edificio dedicada a juicios
orales, estuvo colmada de público, entre familiares y amigos de las
víctimas y, en el piso superior los de los procesados.
Mientras dentro del edificio se desarrollaba el debate, en las
afueras centenares de manifestantes que portaron gran cantidad de
banderas y pancartas con los colores rojo y amarillo del PO, valiéndose
de altavoces, pedían “justicia para Mariano Ferreyra y “perpetua” para
Pedraza.
“No se buscó esclarecer la causa” sino que “se trató de un proceso
‘direccionado’ contra Pedraza”, expuso su defensor Carlos Froment, en
otro planteo de nulidad.
Entre los asistentes al juicio se verificó la presencia de Nora
Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el dirigente del
PO Néstor Pitrola, los diputados Claudio Lozano y Martín Sabbatella, la
ex legisladora Vilma Ripoll y el periodista y dirigente del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky.
La concentración frente al acceso principal a los tribunales
federales de Retiro provocó el “cierre” total de la avenida Comodoro Py a
esa altura y congestionamiento del tránsito vehicular en zonas
aledañas.
La audiencia se inició pasadas las 11.30, luego de una larga espera
por demoras en el traslado de los detenidos y su llegada a la sala de
audiencias en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro en
Comodoro Py 2002.
Previo al inicio formal del debate oral se permitió el ingreso de
reporteros gráficos, sin hacer lugar a un pedido para que un acusado se
retirase de la sala y a lo sumo se lo dejó bajar la cabeza para evitar
los flashes.
Tanto la fiscalía como las querellas coincidieron en acusar a los
procesados por el delito de “homicidio agravado”, consumado en el caso
de Ferreyra y en grado de tentativa con relación a Rodríguez, Aguirre y
Pintos.
Sobre algunos de los procesados pesan, además, acusaciones por
presunta coacción a un grupo de periodistas que intentaban filmar
imágenes de los hechos, en tanto que a uno de los policías sometidos a
juicio se le atribuyó haber dejado de filmar el episodio.
“Todos estaban conectados y coordinados cuando los acontecimientos se
desarrollaban”, consignó en su momento en un dictamen el fiscal de
instrucción de primera instancia Fernando Fizser.
“La finalidad era aleccionar a los (trabajadores) tercerizados para
que no cortaran las vías y mantener en sus cargos a Pedraza y
Fernández”, quienes habrían dirigido todo desde la sede de la UF, a
través de comunicaciones telefónicas con Díaz.
Pedraza, su segundo, Juan Carlos Fernández y el delegado gremial
Pablo Díaz están procesados como supuestos instigadores de homicidio
agravado y tres tentativas de homicidio agravado además de coacción.
Como autores materiales de los disparos aparecen Cristian Favale y
Gabriel Sánchez quienes llegaron procesados como autores del homicidio y
otros delitos.
Los otros procesados son Uño, Francisco Pipito, Claudio Arcorcel,
Juan Carlos Pérez, Gabriel Sánchez, Jorge González y siete policías,
entre ellos Hugo Lompizano y Luis Mansilla, máximos responsables del
operativo de seguridad montado ese día quien, según las querellas
“liberaron la zona”.
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