El ex empleado de Ferrobaires que estuvo desaparecido durante 24 horas no será sometido a una pericia psiquiátrica. Así lo dispuso el Tribunal Oral Criminal, que no precisó el día exacto en que declarará. Ayer se tomaron otros testimonios.
Por Ailín Bullentini
El ex empleado de la empresa Ferrobaires que estuvo desaparecido 24 horas hace una semana, Alfonso Severo, será citado a declarar la semana próxima en el juicio que se le sigue al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y a otros miembros de ese gremio por el crimen de Mariano Ferreyra y las heridas a otros militantes del Partido Obrero. Así lo determinó el presidente del Tribunal Oral Criminal porteño Nº 21, Horacio Díaz, que sin especificar el día exacto en el que será citado a declarar Severo comunicó el rechazo del cuerpo judicial a someterlo a una pericia psiquiátrica, tal como lo había solicitado la defensa del ex secretario administrativo de la UF Juan Carlos “Gallego” Fernández, acusado de instigador del hecho. El testimonio de un trabajador ferroviario que complicó la situación de los gremialistas acusados y el de una funcionaria de la UF que sembró dudas en la estrategia de defensa de sus compañeros sindicales fueron las novedades fuertes de la jornada.
El TOC comunicó el rechazo a someter a Severo a una pericia psiquiátrica, pero no clausuró esa posibilidad. Según lo expuesto en instrucción, Severo podría aportar datos que complicarían a los gremialistas acusados, como la existencia de armas guardadas en galpones de la Unión Ferroviaria.
El guarda-tren de la estación de Llavallol, Jorge Hospital, se sentó en el banco de los testigos luego de un cruce, algo ya habitual en el juicio por la muerte de Ferreyra, entre la defensa del Gallego Fernández, las querellas y el Tribunal. Miembro de la lista Gris de la Unión Ferroviaria, opuesta a la Verde de Pedraza, aportó algunos detalles acerca del comportamiento habitual de los acusados en su lugar de trabajo. Por ejemplo, aseguró que un compañero de trabajo le contó que Gabriel “Payaso” Sánchez, detenido y sospechado de “tirador”, lo apuntó con un arma de fuego un día en la sala de guardas, cuando “jugaban al metegol”.
“Me dijeron que hacían ostentación de armas en Constitución y más de una vez, y un compañero me refirió que a él le apuntó Sánchez con un arma de fuego en forma risueña cuando jugaban al metegol en una sala de guardas y extrajo un arma como chanza”, narró. En cuanto a Pedraza –quien se dio vuelta varias veces durante la audiencia para saludar a sus familiares–, el guarda-tren informó que “maneja el gremio con autoridad ejercida a través de Juan Carlos Fernández del Roca, y éste a través de delegados como Pablo Díaz”, ambos detenidos y acusados en el juicio. Por último reconoció a varios de los acusados en fotografías del día de la agresión a los tercerizados del Roca que les fueron exhibidas durante su testimonio. En ellas también identificó al jefe del departamento de Transporte del Roca, Héctor Hourcade.
En cuanto al funcionamiento de la Unión Ferroviaria y su peso dentro del mecanismo empresarial de los ferrocarriles, Hospital coincidió con lo que mencionaron otros testigos en el juicio, al calificar al gremio como una “oficina de personal” en la que se manejaban los nuevos ingresos como ascensos, y los cambios de turno debían negociarse con el gremio y no con directivos de la empresa.
Luego llegó el turno de la secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria, ex integrante de la comisión de Reclamos del Roca y ex boletera de esa línea de trenes, Karina Benemérito, una testigo de las defensas de los gremialistas que, no obstante, mostró debilidad en varias de sus respuestas. Plagada de “no recuerdo”, su versión de los hechos cuenta que, el 20 de octubre de 2010, el Gallego Fernández y Pedraza participaron de un congreso de una revista ferroviaria llamada Latin Rieles, en el que ella también estuvo; que el congreso duró aproximadamente entre las 9.30 y las 16, y que “después del mediodía” comenzaron a “recibir llamadas para saber por el corte de vías”. También asintió –frente a una pregunta de la acusación– que participó de una reunión realizada días después del 20 de octubre en el club Almirante Brown de Adrogué entre Díaz y los delegados Claudio Alcorcel y Daniel González –acusado–, entre otros. “Nos juntamos a hablar de lo que estaba pasando y de lo que íbamos a hacer.” Ante la consulta de por qué lo hicieron en el club y no en la UF, donde todos trabajaban, respondió que el Brown era “un punto neutral”.
Los registros de llamadas telefónicas –una de las pruebas principales sobre las que está basada la acusación del juicio– fueron, también, un elemento que sirvió a la fiscalía y a las querellas para poner a prueba la fortaleza del testimonio de Benemérito. Ante la presión, reconoció que desde la mañana mantuvo contacto telefónico con Díaz, que estaba en el corte de vías. También reveló que Fernández le había dado sus teléfonos mientras estuvo en el escenario, entre las 9.30 y las 11 de aquel día, y que fue ella, desde esos aparatos, que se comunicó con Díaz en tres oportunidades, según consta en los registros. “Juan me pidió que le pregunte si ya estaba viniendo”, se escudó, nerviosa. Antes de culminar su testimonio, la querella de los heridos y la fiscalía marcaron estas contradicciones ante el Tribunal, que las tomó en cuenta.
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